El Gobierno de Cantabria asegura que ha solucionado la situación de inseguridad jurídica en que se encontraban 1.102 particulares afectados por la Ley de Montes, de los que 834 tienen la "certeza" de que sus parcelas no están en monte de utilidad pública mientras que 268 están en parte. Sin embargo, el PRC manifiesta que los anteriores no son "casos resueltos", sino "meras consultas", ya que, según afirma, el Ejecutivo solo ha solventado 28 expedientes.

Así lo han dicho la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, y el diputado regionalista Fernando Fernández, durante la comisión parlamentaria sobre este asunto, en el que el portavoz del PRC ha anunciado que su Grupo presentará en la Cámara una proposición no de ley orientada a modificar la Ley estatal de Montes, aprobada en 2003 y reformada en 2006. El objetivo de esta iniciativa es modificar la norma para que se tengan en cuenta las características, costumbres y tradiciones de la región.

Por su parte, la titular de Ganadería ha defendido que el Gobierno está dando solución a los tres grupos de supuestos surgidos, entre los que figuran los titulares de parcelas que no saben a ciencia cierta si su terreno está enclavado en monte de utilidad pública.

En este sentido, ha recordado, se creó la Oficina de Atención a los Interesados, que ha resuelto 1.401 expedientes, a raíz de los cuales se ha determinado que hay 834 particulares que no tienen sus propiedades en montes de utilidad pública y 268 que los tienen solo en parte. Así, se ha solucionado la situación de inseguridad jurídica de 1.102 casos, al tiempo que se han estimado total o parcialmente 28 reclamaciones previas a la vía judicial.

En el segundo grupo de supuestos, el de particulares que vienen ejerciendo diversos derechos sobre parcelas en montes incluidos en el catálogo y que aspiran a la propiedad, Martínez ha indicado que el Gobierno ha emitido dos informes a su favor, haciéndose eco de una nueva línea surgida en sentencias de los Juzgados de Primera Instancia. Ambos documentos, ha dicho, admiten por primera vez la figura de la usucapción en vía administrativa. Esto quiere decir que el particular que haya poseído una parcela de monte de utilidad pública durante 30 años de forma pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño tiene la "certeza" de que puede acceder a la propiedad.

Sobre el tercer bloque de afectados, que se refiere al aprovechamiento de los montes, la consejera ha señalado que en la actualidad se están tramitando estas concesiones para aprovechamientos especiales en varios municipios de la región. Además, se ha procedido a la desafectación del dominio público de 7 hectáreas en San Pedro del Romeral.

Martínez ha apuntado asimismo que en Cantabria hay 481 montes de utilidad pública, de los que 480 son propiedad de la administración local (ayuntamientos y juntas vecinales) mientras que tan solo uno pertenece al Gobierno regional que.

Al hilo de lo anterior, el diputado regionalista ha acusado al Gobierno de "pasarle el muerto" a las juntas vecinales para que resuelvan el tema de las concesiones. Y también ha reprochado al PP el que usara, cuando estaba en la oposición, a los afectados como "ariete" contra el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

En cualquier caso, Fernández ha avanzado que el PRC presentará en el Parlamento una proposición no de ley para solicitar que se modifique la Ley de Montes como "única" solución para los afectados, solución -ha dicho- que es "fácil" y se puede hacer, como ha ocurrido con la Ley de Costas.

A este respecto, la consejera ha instado al diputado regionalista a que su partido trabaje y traslade propuestas concretas. También le ha pedido que "no mienta" sobre determinados aspectos y que "deje de sembrar confusión".