La concesionaria de la seguridad en la M30 —la empresa Emesa—, vía en la que fallecieron en octubre dos operarios en un incendio, no "facilitó" al Ayuntamiento en sus partes periódicos datos sobre fallos de seguridad que sí conocía, según ha confirmado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Juan Antonio Gómez-Angulo.

Durante una comparecencia en el pleno municipal, ha indicado que Emesa transgredió el "principio de confianza" que debe regir entre las empresas, según informes a los que ha tenido acceso Madrid Calle 30 —empresa mixta controlada por el Ayuntamiento— por lo que esta "transgresión" habrá de tener su "reflejo".

El delegado ha asegurado que en ningún momento estos fallos de seguridad pusieron en peligro a los ciudadanos y ha agregado que, como refleja el informe de la policía judicial, "no existe una relación de causalidad" entre los fallecimientos y el hecho de que el sistema de protección de incendios no funcionara.

También ha explicado que se han tomado medidas como la reparación de los equipos y sistemas de seguridad que no funcionaban, el incremento de las auditorías en el vial, una inspección independiente en los túneles y un estudio de las condiciones de mantenimiento de las instalaciones, que podría suponer el "correspondiente procedimiento" una vez finalizado el proceso penal".

Durante el pleno, los portavoces de PSOE y UPyD han acusado al Ayuntamiento de haber realizado dejación de funciones en la vigilancia de la seguridad en la M30 y han reprochado la falta de controles a la empresa concesionaria de la seguridad.