El pleno del Parlamento de La Rioja debatirá, este miércoles, a partir de las 17,00 horas, en sesión plenaria sobre la recaudación de tributos, sobre la deuda la comunidad o sobre el sistema público de salud, según el orden del día remitido por la Cámara regional.

La sesión comenzará con dos preguntas del diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Félix Caperos, al Ejecutivo riojano sobre "la razón por la que ha denunciado el Gobierno de La Rioja unilateralmente el convenio que mantiene con los municipios riojanos para la recaudación de tributos 2010-2013", y si esa denuncia le parece "oportuna".

Su compañero de formación, José Ángel Lacalzada, cuestionar al Gobierno sobre la "previsión de deuda que tiene el gobierno de La Rioja para finales de este año" y "si le parece razonable al Gobierno de La Rioja la deuda que ha generado en estos últimos años".

El turno de pregunta lo cerrará Pablo Rubio, también parlamentario del Grupo Socialista, sobre los "motivos por los que, en el ámbito del sistema público de salud en La Rioja, la contratación de la gestión de los servicios de diagnóstico por la imagen en la Comunidad Autónoma de La Rioja se van a contratar a empresas privadas hasta el año 2021"; y porque no se realiza con medios del SERIS.

A continuación, dos diputados socialista interpelarán al Gobierno sobre función pública y calidad ambiental.

Proposición no de ley

Tras ello, el Grupo Parlamentario Socialista defenderá dos Proposiciones No de Ley, una para que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en materia de educación en las leyes aprobadas por las Cortes Generales y acatar, haciéndolas cumplir, las sentencias de 24 de julio del Tribunal Supremo, instando a los centros concernidos a la elección urgente entre su adaptación inmediata a lo establecido en las leyes o la retirada del concierto educativos; y a destinar a los centros públicos de La Rioja el dinero de la retirada de los conciertos educativos a los centros que segregan por sexos.

A continuación, piden que se cree una oficina integral de intermediación hipotecaria y asesoramiento jurídico, con los mejores profesionales públicos, para los ciudadanos desahuciados o en riesgo de serlo, que dé una respuesta concreta y efectiva a cada caso colaborando con las consejerías o servicios públicos implicados.