El Gobierno de Aragón, el Consistorio oscense y el Colegio de Abogados de Huesca, atenderán a los ciudadanos en riesgo de desahucio, a través de una oficina que se pondrá en marcha en la capital altoaragonesa.

Así, el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón; la alcaldesa de Huesca, Ana Alós, y el decano del Colegio de Abogados de Huesca, Alberto Allepuz, han rubricado este lunes un convenio para dar una respuesta coordinada a los ciudadanos que se encuentran en riesgo de perder su vivienda o tienen dificultades para atender las obligaciones de pago.

La oficina contará con personal del área de Bienestar Social del Ayuntamiento y con letrados del órgano colegial. En concreto, en esta oficina las familias con impagos de su hipoteca podrán tener asesoramiento para evitar procesos de desahucio.

El espacio municipal estará ubicado en las instalaciones del área de Bienestar Social, en la plaza San Bernardo de la capital altoaragonesa.

Rafael Fernández de Alarcón ha subrayado la importancia de esta colaboración, que se suma a las Unidades de Gestión Social de la Vivienda puestas en marcha en las tres capitales de provincia. "El Ayuntamiento ha tenido interés de trabajar especialmente en esta materia, para nosotros es afortunado poder contar con ellos en esta gestión y también con el Colegio de Abogados de Huesca", ha detallado.

Con la firma del convenio, las instituciones pretenden prevenir y en su caso reducir los efectos de riesgo de desahucio que sufre la población de Huesca, asociados a la imposibilidad de pago de las cuotas hipotecarias de sus viviendas.

Así, se ofrecerá información, apoyo y asesoramiento a los ciudadanos empadronados y residentes en la ciudad de Huesca que lo soliciten, efectuando medidas de intermediación dirigidas a mejorar su situación y facilitar la permanencia en la vivienda, así como la búsqueda de alternativas de alojamiento accesibles a su situación.

El convenio incluye la creación de una Comisión de Mediación Hipotecaria integrada por las tres entidades como órgano de seguimiento, participación y asesoramiento en la gestión del Proyecto de Mediación Hipotecaria.

También, esta comisión impulsará y realizará las gestiones necesarias para facilitar la concertación con las principales entidades bancarias implicadas, ofreciendo un cauce preventivo, facilitando la búsqueda de acuerdos y ofreciendo una forma de articular su adhesión al Código de Buenas Prácticas Bancarias.

Un total de 24.000 EUROS

En función del acuerdo, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes aportará 24.000 euros que se abonarán al Consistorio oscense para hacer frente a los gastos que se generen y para sufragar la prestación del Colegio de Abogados de Huesca.

A su vez, el Ayuntamiento de Huesca pondrá en servicio una oficina de atención al público en la ciudad, en dependencias municipales y aportará el personal necesario para su funcionamiento.

El Consistorio solicitará y colaborará en la intervención del Colegio de Abogados, como instrumento de asesoramiento y mediación con las entidades bancarias de una forma profesionalizada.

Por otro lado, el Colegio de Abogados prestará la asesoría jurídica necesaria, mediante la asignación de abogados en ejercicio, que contarán con la especialización necesaria para prestar el servicio de resolución de conflictos, a que se refiere este convenio y realizará un seguimiento de los mismos.

Drama de los desahucios

La alcaldesa de Huesca, Ana Alós, ha destacado la colaboración y la importancia de implementar medidas para evitar el drama de los desahucios. "Va a ser una servicio más que se va aprestar desde el área de Bienestar Social, con personal propio, donde se va a recibir a las familias en primera instancia y después dar cita con un abogado del colegio".

El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, ha insistido en que el Gobierno de Aragón es "sensible" al problema de la vivienda.

Por ello, esta medida se suma al conjunto de actuaciones que el Ejecutivo autonómico está desarrollando en el marco del Plan de Gestión Social de la Vivienda, como es el caso de la red de bolsas de alquiler social para proporcionar viviendas a bajo coste a colectivos que se encuentran con dificultades de acceso al mercado de vivienda, libre o protegida, mediante contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban.

En este punto, ha relatado que esta bolsa se realizará con los propietario de viviendas vacías, quienes "las cederán con la garantía de que van a cobrar si conseguimos alquilarla a beneficiarios de alquiler social y de que los inmuebles van a estar cuidados".

De esta forma, el consejero ha informado que próximamente se firmará una adenda con el Ayuntamiento de Huesca por la que se convertirá en entidad colaboradora de esta red de bolsas de alquiler social que impulsa el Gobierno de Aragón.

Reubicar sedes

La alcaldesa de Huesca ha recalcado su intención de reubicar las sedes de varias asociaciones en un mismo edificio, para dejar libres unos cinco o seis pisos municipales, que formarán parte de un parque de vivienda social destinado a afectados por los desahucios.

"Queremos hacer un centro de asociaciones en un edificio público y así poder liberar algunas viviendas municipales que tenemos ocupadas por organizaciones de la ciudad", ha explicado Ana Alós.