El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha propuesto este lunes la creación de una ley de segunda oportunidad, para ofrecer a los deudores "pagar sus deudas de forma ordenada y en plazos razonables", así como la puesta en marcha de un fondo especial de solidaridad social "destinado a dotar de un mínimo de financiación a los recursos públicos y privados, dirigida a la atención de los colectivos sociales más perjudicados por la crisis económica", dos propuestas que ha realizado en el transcurso de la presentación en el Parlamento del Informe Anual 2012, del que se desprende que el número de quejas presentadas en la Oficina el pasado año asciende a 7.239, lo que supone un "significativo aumento" respecto a 2011, cuando se presentaron 6.303 quejas, una subida "motivada por la crisis económica".

Así, y en rueda de prensa, el Defensor ha señalado que una de las "principales" característica de 2012 es que "no solo ha conseguido agravar el tema del empleo, la vivienda y la inclusión social, sino que además se ha manifestado en toda su crudeza en relación al resto de derechos sociales", porque derechos sociales que "antes parecían quedar al margen han quedado cuestionados por problemas financieros". De este modo, prosigue, aunque derechos como la educación y la salud "están en esencia salvaguardados, las consecuencias derivadas de la austeridad y recortes del gasto público ponen de manifiesto que ya no quedan espacios exentos de reducciones, por eso nos da miedo que puedan tocarse estos dos pilares básicos de la igualdad social".

En este sentido, Chamizo alerta de que en la sociedad "hay unos índices de desempleo nunca vistos, un sociedad empobrecida y una clase media que empieza a estar agotada soportando el peso de la crisis", por lo tanto, "hay una población más crispada, más rebelde y más dispuesta a manifestar su disconformidad y su protestas por las consecuencias de las decisiones dentro de las políticas de ajuste". Ante esta situación, el Defensor insta "a escuchar las voces de la sociedad", que, a su juicio, está pidiendo cambios radicales en legislación hipotecaria frente a los desahucios", porque "si no es así, evidentemente, llegaremos a una rebelión social".

De este modo, la incidencia de esta crisis se refleja en el aumento de quejas ante la Defensoría, que según el Informe, se concentran en aspectos de ordenación económica (872), aspectos de educación (850) y temas de empleo público (800), seguidas de 655 quejas sobre dependencia o 431 sobre vivienda, con un 55 por ciento de quejas admitidas, frente a un 34 por ciento no admitidas. Además, se han iniciado 247 expedientes de esta naturaleza dirigido a materias de Educación, problemas de menores o accidentes laborales.

Ante esta situación, y además de las propuestas ya citadas, Chamizo ha señalado que la Defensoría "ha denunciado los abusos de las entidades financieras", como en el caso de las preferentes, donde recuerda que "han recibido ayuda del Fiscal Superior de Andalucía", así como el de las cláusula suelo, sobre el que "ha habido un pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero nos parece que hay que ir un poco más allá de lo que la propia sentencia dice". Por su parte, en el asunto de la vivienda, Chamizo afirma, respecto al Fondo Social de Vivienda, que "nos da miedo que se quede en un tema testimonial". Además, afirma que "hay que exigir a la entidades bancarias que todas las viviendas calificadas como protegida de las que son titulares se ofrezcan al menos en alquiler", y "si no la administración se tiene que plantear la expropiación".

Por su parte, en el apartado Dependencia, asegura que "es uno de los que más quejas reciben", por "el impago de las cuotas anuales fraccionadas a las que tiene que hacer frente el Gobierno central y el autonómico, el titulado 'Prestaciones económicas por cuidados familiares', los conciertos de plazas residenciales o las unidades de estancia diurna, así como el impago por parte de los ayuntamientos a las entidades que prestan la ayuda a domicilio y los retrasos increíbles en la aplicación del Programa Individual de Atención (PIA)".

Así las cosas, Chamizo apuesta por la continuidad del movimiento asociativo, a través del citado fondo especial de solidaridad social a poner en marcha por las administraciones, aunque, precisa, "el papel de las asociaciones tiene que cambiar y ser más libre de la administración, porque donde llega la asociación no llega la administración", ya que la primera "no tiene tantos procedimientos como la segunda". "La Defensoría detecta un problema, pero la administración tarda mucho en responder, y es aquí donde el movimiento asociativo debería dinamizar más", subraya.

Pide "un cambio de actitud" de las administraciones

En cualquier caso, y ante esta situación, Chamizo insiste en que "la rebeldía social va en aumento" y que la gente "se enfada con la propia Institución". Así, el Defensor defiende "un cambio de actitud" por parte de Gobierno central, autonómico, diputaciones y ayuntamientos "para movilizar un poco la economía", ya que "así no podemos continuar mucho tiempo". "Espero que los distintos poderes públicos no se dediquen solo a tumbar, sino a vamos a construir, pero ya, no mañana, porque advierto, no hay tiempo".

Por otra parte, el Informe Anual 2012 también se refiere al empleo "cada vez más notorio" de las nuevas tecnologías en los contactos de las personas con la Institución. De esta manera, este ejercicio ofrece una "consolidación" de las vías electrónicas para formular quejas (un 54,37% de las recibidas), del mismo modo que se obtienen datos de crecimiento exponencial de los contactos mantenidos a través del servicio en Internet frente a otras modalidades de contacto más presencial. Además, destaca la consolidación del Registro y Sede Electrónicas del Defensor y la salida a redes sociales que han incrementado la capacidad de interrelacionar con otros sectores de la sociedad.

7.391

Consultas a través de la oficina de información

Asimismo, el Defensor recuerda que se ha producido una "importante" renovación del servicio en Internet, con una vocación "mucho más relacional y de diálogo" con las personas, ampliando fórmulas de presencia, como las videos conferencias, consultas en línea o la preparación de espacios temáticos especializados en los que la Defensoría informa y contacta con los protagonistas interesados en estas materias concretas. A la vez, la Oficina de Información ha atendido 7.391 consultas, convirtiéndose en la línea de contacto inmediato con las personas, especialmente afectadas por los peores efectos de la crisis económica.

Igualmente, en 2012 se ha continuado con la realización de Informes Especiales puestos a la disposición de los diputados. Uno sobre la 'Incidencia en el ocio juvenil de Andalucía de la Ley 7/2006 (Ley Antibotellón)' y otro acerca de 'Menores expuestos a violencia de género: víctimas con identidad propia'. Además, el Informe ofrece la Sección Tercera relativa a menores, en la que se desarrolla una atención más específica ante los problemas que precisa este colectivo y que, en todo caso, representa una prioridad constante en las funciones de protección y garantía que asume la Institución. Esta Sección constituye el núcleo del Informe específico que en próximas fechas se presentará bajo la condición específica de Defensor del Menor de Andalucía.

Tras la entrega este lunes del Informe Anual al Presidente del Parlamento, Manuel Gracia, se desarrollarán las comparecencias para debatir el contenido del Informe ante la Comisión de Gobierno Interior y Derechos Humanos, así como ante el Pleno de la Cámara.