(Corr) Los Servicios Jurídicos determinarán la acción del Gobierno en el caso del cártel del asfalto

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Operación De Pavimentado, Cambio De Asfalto En Una Calle De Madrid
Operación De Pavimentado, Cambio De Asfalto En Una Calle De Madrid
EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO DE MADRID
Operación De Pavimentado, Cambio De Asfalto En Una Calle De Madrid

Los Servicios Jurídicos del Gobierno determinarán la acción política o administrativa de esta Administración en el caso del cártel del asfalto.

Así lo ha afirmado este lunes a preguntas de la prensa el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, quien ha explicado que el Gobierno está estudiando los dictámenes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y cuando disponga que ese análisis adoptará las medidas que los Servicios Jurídicos "consideren obligadas".

En este sentido, Diego ha precisado que el Gobierno se ve "obligado" a este estudio por el contenido del auto, que ha impuesto multas por un importe total de más de 16,5 millones de euros a once empresas por llegar a acuerdos para repartirse el mercado del asfalto en Cantabria, y serán sus Servicios Jurídicos quienes "determinen la acción política o administrativa que se debe llevar a cabo" por parte del Ejecutivo.

La resolución de la Comisión Nacional de la Competencia agota la vía administrativa, y las empresas disponen de dos meses de plazo para recurrirla ante la Audiencia Nacional.

Competencia considera que estas empresas "amañaban los concursos" y que su actuación ha ido "en detrimento de la administración pública", que ha sido "la gran perjudicada", tanto a nivel nacional (Ministerio de Fomento) como regional (Gobierno de Cantabria).

El consejo de la CNC considera acreditada la existencia de diversos acuerdos anticompetitivos alcanzados por las empresas imputadas que habrían mantenido su vigencia desde 1998 hasta, al menos, abril de 2011 y habrían afectado a más de 900 obras en el ámbito geográfico de la comunidad autónoma.

El 22 de junio de 2011 la Dirección de Investigación de la CNC abrió expediente sancionador a varias empresas por una posible conducta anticompetitiva, consistente en la adopción de acuerdos de fijación de precios y reparto de obras y clientes, tanto públicos como privados, en el sector de la conservación, mejora, refuerzo, renovación, rehabilitación y construcción de firmes y plataformas (carreteras, autovías, etc.). Previamente, con fecha 6 de abril de 2011, se había procedido a realizar inspecciones en las sedes de tres de las empresas.

Competencia ha multado a los grupos Servicios y Obras del Norte (SENOR), con una suma de 4,4 millones de euros; a SIEC, con 3,82 millones; Emilio Bolado (2,56 millones de euros); ACANSA, del grupo Emilio Bolado (307.728 euros); Ascan (2,29 millones de euros), Arruti Santander (1,46 millones de euros), Asfin Cantabria (595.600 euros), Cuevas Gestión de Obras (335.030 euros), Hermanos Torres Roiz (555.670 euros), INOR (86.080 euros) y Construboc 2002 (129.050 euros).

Asimismo, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós, señala que se ha podido acreditar también la existencia de una serie de acuerdos complementarios de los del G5 y necesarios para implementar los mismos, u otros que pudieran existir entre las empresas, relacionados con licitaciones a organismos públicos realizados entre SENOR, Arruti Emilio Bolado y Acansa, Asfin, Ascan, Construboc, INOR, HTR, Cuevas y Siec, desde 1998 hasta al menos 2011.

Estos consistían en la colusión para la presentación de ofertas a licitaciones públicas relacionadas con la construcción y mejora de vías públicas en la comunidad cántabra y proximidades.

Los acuerdos llevados a cabo en el seno del G5 se refieren a todo tipo de procedimiento de adjudicación de obras que se llevaban a cabo en la Administración y fuera de ella, mientras que los acuerdos de acompañamiento normalmente eran necesarios para el reparto de las obras correspondientes a procedimientos negociados normalmente sin publicidad y contratos menores.

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