Francisco Javier Guerrero
El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE fraudulentos, Francisco Javier Guerrero (i), acompañado por su abogado, Fernando de Pablo, en la sede de los juzgados de Sevilla. José Manuel Vidal / EFE

La jueza que investiga los ERE falsos acusa a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de haber recibido 303.588 euros "de procedencia desconocida" y haber aceptado regalos de viajes a Shanghai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos.

En el auto de prisión de Guerrero dictado el pasado miércoles, Alaya asegura que mientras fue director general, entre 1999 y 2008, recibió en sus cuentas 303.588 euros "de procedencia desconocida", y de ellos 254.584 en cantidades iguales o inferiores a 3.000 euros, a partir de las cuales el banco está obligado a identificar al impositor.

Alaya cree que ese dinero procedía de "retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular".

Además, le acusa de haber percibido varias veces "sobres con dinero" del mediador en los ERE Juan Lanzas y del directivo de Vitalia Antonio Albarracín —también encarcelados— y de haber recibido como "dádiva" un viaje a Shanghai en diciembre de 2006 con su esposa, otro a Egipto en marzo de 2007 y un fin de año en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza (Jaén).

En su declaración, Guerrero manifestó que ganaba unos 4.200 euros al mes, que esos viajes fueron pagados por su esposa y que "no tiene conciencia" de los pagos por menos de 3.000 euros.

Más acusaciones

Alaya le acusó también de haber recibido de Vitalia parte de las sobrecomisiones que cobraba, entre otras mediante 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 por un importe total de 87.400 euros, ante lo que Guerrero declaró que "no era consciente" de que las mediadoras cobrasen esas comisiones en exceso, si bien explicó que como la Junta de Andalucía "no tenía posibilidad de pagar el coste íntegro de las primas", al final se retiraban todas las aseguradoras.

El ex director general fue acusado también de haber otorgado a su suegra una ayuda de 198.876 euros, que el imputado justificó porque era "una extrabajadora más de los 6.500 a los que ha atendido".

La jueza cree que todo ocurrió en una época en la que Guerrero precisaba grandes sumas de dinero para atender a sus necesidades de consumo de cocaínaEl auto cita un ingreso concreto, en noviembre de 2006, cuando la empresa "Promociones Vinícolas", propiedad de Gregorio M.P., presunto suministrador de droga a Guerrero, recibió de Villasís, un bufete de abogados mediador en los ERE, la cantidad de 48.080 euros "por el supuesto concepto de devolución de provisión de fondos".

Todo ello se realizó en una época en la que Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo, también imputado como perceptor de ayudas irregulares, "precisaban grandes sumas de dinero para atender a sus necesidades" de consumo de cocaína, según la jueza.

A ello Guerrero respondió que "no ha comprado droga en su vida" y que "su único vicio es un paquete de Marlboro y un gintonic de vez en cuando".

Parte de la investigación permanece secreta

La jueza Alaya ha imputado a los últimos 22 acusados por las sobrecomisiones en los ERE el delito de asociación ilícita porque "el panorama ha cambiado radicalmente" y ahora estamos "en un sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas de convierte en el verdadero negocio".

Hasta ahora, "habíamos asistido al otorgamiento arbitrario de ayudas públicas por parte de la Consejería de Empleo", ayudas que "escandalosamente se otorgaban a personas que no tenían derecho a ellas, creándose una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía".

La jueza desvela que en esta nueva fase de la investigación hay una parte que permanece secreta y que su investigación "pretende ir creciendo, lo cual podría generar la implicación de más responsables".

Consulta aquí más noticias de Sevilla.