El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, se ha comprometido este sábado con la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) a dar una solución a todos los afectos por sentencias de derribo no más tarde de diciembre de 2013, "respetando las sentencias judiciales" y "en el marco del procedimiento judicial y del plan aprobado por el Parlamento".

Así se lo ha trasladado el propio Diego a los afectados, que se han concentrado frente a la sede del Gobierno, en Peña Herbosa, a quienes ha pedido "una vez más" su "confianza" hasta esa fecha, y les ha asegurado que si no cumple este compromiso asumirá "toda la responsabilidad". "Si no hemos cumplido en enero de 2014, asumiremos toda la responsabilidad", ha recalcado.

Diego se ha dirigido por megafonía a los afectados que se encontraban en la calle, tras reunirse con representantes de la asociación, entre ellos el presidente, Antonio Vilela, y les ha manifestado su compromiso con un "proceso" y unos "pasos" que, según ha dicho, tienen "toda la dificultad del mundo", así como la "seguridad" de que se producirá "no pasando de diciembre de 2013".

El presidente ha reconocido que los afectados llevan "demasiado tiempo" esperando una solución, y ello les genera "ansiedad", pero "os pedimos un poco más de tiempo", ha insistido.

Según ha explicado después el presidente en declaraciones a la prensa, en el Gobierno quieren "resolver definitivamente" el problema y van a buscar esa solución en el marco del respeto a las sentencias judiciales de derribo y del plan que se aprobó en el Parlamento, "y si no resolvemos, asumiremos la responsabilidad de no hacerlo", ha insistido.

Diego, que ha estado acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, no ha querido dar más detalles sobre las posibles soluciones, si bien, según Vilela, en la reunión con los representantes de AMA se ha hecho referencia a iniciativas legislativas a nivel estatal y autonómico.

Vilela ha explicado a los periodistas tras la reunión que Diego y Fernández se han comprometido en la reunión, celebrada en el Gobierno, a buscar iniciativas antes de final de año. "Es un plazo de nueve meses" y "vamos una vez más a esperar", confiando en que "esta vez sea verdad" y no como vienen ocurriendo desde hace diez años, ha dicho.

"A ver si esta vez se cumple, porque es la palabra del presidente del Gobierno de Cantabria" y el compromiso es buscar una solución para "todos" los casos", ha subrayado Vilela.

El presidente de AMA ha reconocido que el Gobierno les ha "pedido un acto de fe", porque en la reunión con los representantes de AMA tampoco Diego y Fernández han dado información sobre las posibles soluciones, sino que sólo les han dicho que "están trabajando en ellas".

"Tenemos un compromiso del Gobierno; si es una realidad, estaremos satisfechos, y ni, nos sentiremos otra vez engañados y desesperados", ha apostillado, al tiempo que ha destacado la disposición de los afectados a "ceder y esperar" una vez más. En esta situación se encuentran, según sus datos, 623 familias de cinco municipios de la región.

Compromiso del parlamento

Antes de acudir al Gobierno, los afectados acudieron al Parlamento regional para reunirse con representantes de los grupos y de allí salieron también con el compromiso, según explicó Vileda, de crear una comisión para buscar soluciones para las sentencias de derribo.

La primera reunión de la comisión está previsto que se celebre el próximo 16 de abril, a las 10.30 horas, indicó.

El objetivo, según ha dicho, es buscar medidas legislativas que puedan seguridad jurídica a los afectados.

Los afectados por sentencias de derribo de Cantabria llegaron por la mañana a la estación de Feve de Santander a bordo del llamado Tren de los Inocentes, desde Gama.

Desde allí, loa participantes se trasladaron al Parlamento regional y más tarde al Gobierno, recorriendo las calles del centro de Santander con pancartas que rezaban 'No salen las cuentas. Calendario de regularización del Gobierno de Cantabria' o 'Más de diez años maltratados. No hay derecho, sólo queremos vivir en paz'.

Al llegar al Gobierno, se han concentrado frente a la sede mientras sus representantes se reunían, por espacio de una hora aproximadamente, con el presidente y el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo.