El exdirector general de la mediadora Vitalia Antonio Albarricín, quien ha ingresado en prisión por su relación con la nueva línea de investigación por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo, ha asegurado que "los últimos responsables del pago de las elevadas comisiones son los señores de la Junta", pues "teniendo la posibilidad de poder contrastar varias ofertas y preguntarles a las aseguradoras qué cuantía de comisiones estaban pagando, no lo hacían", añadiendo que "piensa que les daba igual el dinero, cuando no es suyo —el dinero público— no echaban cuenta".

El imputado declaró este jueves ante la juez Mercedes Alaya por espacio de siete horas, tras las que la magistrada que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta ordenó su ingreso en prisión sin fianza por sendos delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil.

Según el acta de su declaración, consultada por Europa Press, el imputado señaló que trabajó en Vitalia entre 1995 y 2011, cuando la empresa cerró, y que ejerció como abogado y consultor de "grandes" cuentas, nunca como director general ni director comercial, "dependiendo directamente" de María Vaqué y Eduardo Pascual, ambos detenidos este miércoles en la operación desarrollada de forma simultánea por la Benemérita en siete provincias españolas.

Así, relató que fue a partir del año 2001 cuando "empezó a bajar" a Andalucía tras ser "informado" por sus "jefes" de Barcelona "de que la Junta había dejado de pagar algunas primas", por lo que "le fue encargado que fuera a la oficina de Vitalia en Sevilla", añadiendo que ni él ni el exconsultor de Vitalia Jesús Bordallo "tenían nada que ver con el coste de las pólizas", ya que "antes de que llegara el tema a Vitalia, la empresa, los sindicatos y la Junta ya habían pactado las condiciones de la póliza, la parte que pagaba la Junta y la parte que pagaba la empresa".

Según precisó, Vitalia "siempre se ha relacionado con la Dirección General de Empleo, pero no exclusivamente con ésta, sino con el resto de la Consejería de Empleo", como "cuando remitió dos correos al entonces viceconsejero de Empleo Agustín Barberá", imputado también en la causa, añadiendo "que no han trabajado con otras consejerías" y que la mediadora "nunca ha intervenido en la negociación con la Junta para financiación pública de las pólizas". "No existía contrato alguno entre Vitalia y la Junta", precisó.

GUERRERO, A ALBARRACÍN:

"vamos a tomarnos un fino"

En este sentido, Albarracín negó que "discutiera" con Guerrero el coste de las pólizas, pues "no bajaba a Sevilla para tener reuniones con Guerrero" sino a reclamar a la Junta los impagos de las pólizas "en que venía sistemáticamente incurriendo, y advertirles de las consecuencias por estos impagos de las primas". "Únicamente bajaba para reclamarles que pagaran, que pagaran y que pagaran", ya que "por teléfono no le atendían" y Guerrero "le daba pases de pecho como un torero, y al final no hacía nada".

Agregó que en ocasiones bajaba a Sevilla sobre las 12,00 horas y se iba a las 18,00 horas, ya que Guerrero "no lo atendía o le atendía en breve tiempo y le decía 'vamos a tomarnos un fino' y acaba diciendo que harían lo que pudieran y al final terminaba no haciéndolo".

Al hilo de ello, dijo que "no es cierto lo que afirman tanto Guerrero como Bordallo" en cuanto a que fueran el exalto cargo de la Junta y él mismo quienes fijaran las condiciones económicas de las pólizas o el importe de las comisiones", pues esto "siempre lo fijaban el director general y los sindicatos".

Sin relación con rivas

Negó haber tratado "nunca" con el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y, en relación a Gregorio M.P. —la persona que, según declaró el exchófer de Guerrero, les proporcionada la cocaína comprada con dinero de las ayudas de la Junta—, aseguró que Guerrero trasladó al imputado "que era un gran comercial y que lo tenían que contratar", por lo que "lo hicieron, pero lo hizo fatal y tuvieron que despedirlo"

Sobre el papel de los sindicatos, dijo creer que "podrían cobrar de Vitalia en Andalucía una comisión de un 0,5 por ciento", aseverando que estos sindicatos "no prestaban servicio alguno a Vitalia que justificara abonarles ese dinero, pero al final si no se abonaba, se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban".

Acerca del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, explicó que, "por alguna factura que ha visto", la comisión que cobraba de Vitalia "era de un cinco por ciento", añadiendo que "era una persona que traía mucho negocio a la empresa, que él comentó que podría traer todas las empresas de alimentación y las de la familia Ruiz Mateos".

Concurso de pólizas

En esta línea, aseguró que "los compañeros" de Vitalia en Sevilla "le comentaban que Juan Lanzas iba por la Consejería como si fuera por su casa", y que él "les contaba que tenía muy buena relación con la Junta", punto en el que dijo desconocer cómo Lanzas y su esposa aparecieron en la póliza de Hitemasa, negando que fuera "para cobrar trabajos efectuados a Vitalia" ni "para pagar ningún trabajo de Lanzas".

Cuestionado por las 'sobrecomisiones', manifestó que en las operaciones de la Junta en las que aparecía Lanzas, "como tenía asignada una comisión del cinco por ciento, la dirección de la empresa les comunicó que en las pólizas de la Junta debían establecer comisiones muy altas, más altas que las otras para no tener luego problemas, porque tenían que pagar la parte de Lanzas, y además tales comisiones no eran ilegales pues no había límite de comisión".

"Los únicos responsables de todos estos hechos son los representantes de la Junta, que eran los que tenían que velar para que las pólizas se hicieran correctamente", aseverando que "estos responsables no hicieron nada de nada, lo primero que tenían que haber hecho es un concurso de pólizas que les permitiera decidir la oferta más ventajosa".

Propiedades inmobiliarias

Al hilo, Albarracín afirmó que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández "le manifestó que él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos".

También señaló que, "aparte de sindicatos y Lanzas, no había nadie más a quien efectuar pagos" y que "no tiene ni idea de los pagos efectuados por Vitalia en las cuentas de Guerrero, ni se lo cree", así como que "si existe, habrá sido por allá arriba, refiriéndose a sus jefes, y no tiene ni idea de eso".

El imputado explicó a la juez que, en 2010, cobraba 180.000 euros brutos anuales, unos 12.857 mensuales en 14 pagas, y que poseía a su nombre dos viviendas en Madrid y otra en Granada por las que cobraba de alquiler al mes 4.700 euros, dinero que ingresaba en metálico.

Además, y respecto de los inmuebles propiedad del matrimonio, antes de 2001 tenían una vivienda en Granada, otra en Alicante y dos en Madrid, y en 2003 una más en Madrid, mientras que a nombre de la sociedad Permar había otro apartamento en Alicante y entre cinco y siete plazas de garaje.

La juez también le preguntó por los ingresos de tres millones entre 2006 y 2011, señalando que "tiene que haber un error", pues tiene imposiciones a plazo fijo de 700.000 euros, actualmente 625.000, por lo que "la cuantía de este producto financiero no es de 1.335.000 euros, ya que esa cantidad sale de la suma del importe inicial y del importe que ahora tiene".

El imputado dijo que "no es cierto" que el presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real "le mandara transferencias o sobres con dinero, entre 6.000 y 60.000 euros".