El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha mostrado la "gran satisfacción" del Gobierno autonómico por las recientes actuaciones del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en lo que ha supuesto la reactivación del caso de los presuntos expedientes de empleo (ERE) fraudulentos de la administración regional, ya que, a su juicio, "se ha puesto de manifiesto que aquí no existía un fondo de reptiles; a lo más, unos cuantos reptiles".

En rueda de prensa, De Llera ha señalado que "por fin la actuación del juzgado se dirige contra aquellos personajes y conductas que ya apuntó la Policía Judicial en sus primeros atestados", calificando de "certeras" las investigaciones, por buscar a "los verdaderos responsables del fraude" e indagar los flujos del dinero "que salió ilegalmente de las arcas de la Junta, para ver dónde está y procurar que se logre recuperar de todas las maneras".

Por ello, se ha congratulado de la "contundencia" y "celeridad" de la intervención, que "disipan los temores de la Policía y la defensa de la Junta de que pudieran prescribir algunos delitos menores, declararse nulas pruebas obtenidas y producirse así la irresponsabilidad de que queden impunes los infractores"

De Llera, así, ve que el caso está yendo "en la línea que desde los primeros momentos apuntaron los atestados iniciales de la Policía Judicial, con las diligencias solicitadas por el gabinete jurídico de la Junta", para ir contra unas personas que supuestamente "se han aprovechado de ventajas del sistema y de la política y la partida presupuestaria destinada a ayudar y resolver situaciones críticas y angustiosas de muchas personas y empresas en Andalucía".

Las partidas,

"absolutamente legales"

Para el consejero, la deriva del caso demuestra que tanto la acción política como la partida presupuestaria eran "absolutamente legales tanto en su origen como en sus sucesivas ampliaciones, que siempre cumplieron todos los requisitos legalmente establecidos y contaron con el beneplácito y el dictamen favorable de todos los órganos de control oficiales".

"Es verdad que puede dar la impresión de que se trata de un fraude generalizado, pero si lo vemos bien se trataría de lo que dije hace tiempo: un fraude cometido por unas cuantas personas que, burlando de manera artificiosa, como hacen siempre los delincuentes, los controles legales, se habrían aprovechado del sistema para lucrarse y enriquecerse entre ellos", ha recalcado.

Asimismo, el titular de Justicia e Interior remarca que las últimas pesquisas revelan que se trata de una trama "de unas cuantas personas, y no de una generalidad". Por otra parte, y "sin quitar importancia a un asunto muy grave, donde el primer interesado en que se persiga es el propio gobierno andaluz", se ha pasado de "un fraude millonario, con más de 6.000 defraudadores, a otro de unos cuantos millones, al menos cincuenta aunque probablemente serán más, del que se han lucrado unas cuantas personas".

El hecho de que durante un tiempo esta actuación haya estado sin descubrir pone de manifiesto la "habilidad de los delincuentes, como en tantas otras ocasiones, y hace lógico que no se detectase ningún fraude". Sobre las "discrepancias" surgidas en su momento en cuanto al tipo de procedimiento empleado, ha recordado que éste venía "impuesto por las Leyes de Presupuesto", por lo que no podría variarse sin cambiar la normativa.

Por otro lado, "si se hubiese detectado un fraude se habrían puesto en marcha los mecanismos de reacción, paralizando ayudas y subvenciones y buscando un mecanismo para la reintegración, lo que se ha hecho en cuanto ha habido un mínimo indicio de que pudiera haber un fraude en el uso de estas partidas".

No ve "amenaza" en las palabras de valderas

De Llera también ha valorado las palabras del vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que ha asegurado que su formación podría replantearse el pacto de gobierno con el PSOE si se superasen los límites del compromiso. El consejero no lo ve como una "amenaza", pues "ha dicho algo que diría yo también si se descubriese que hay más responsables en el actual gabinete", algo que ha tachado de "irreal, impensable y absolutamente imaginario", sobre todo respecto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, del cual ha asegurado que "no hay fuente de prueba o indicio que pueda apuntar hacia él".

Por otro lado, ha tildado de "impresentables" las declaraciones del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en las que éste aseguraba que "están pendientes pasos muy importantes" en la operación, recordando que Fernández de Mesa es "un representante político" del Instituto Armado y que, en este sentido, "su deber legal es callarse y no generar una inquietud en la ciudadanía denigrando a un gobierno con la amenaza de lo que pueda haber".

Así, el responsable autonómico de Justicia e Interior se ha cuestionado por los extremos que pueda conocer el director general de la Benemérita, remarcando que debe "callar" porque, si no, "viola el deber de secreto de sumario". "La Guardia Civil está haciendo lo que tiene que hacer, y espero que lo siga haciendo", ha resaltado, expresando su "gran confianza" en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado respecto a que "actuarán con profesionalidad y pulcritud".

Por último, el consejero ha valorado la publicación de un vídeo del operativo por parte del cuerpo armado —que "se ha centrado donde queríamos, en la búsqueda de los comisionistas y las compañías aseguradoras que se habrían lucrado"—, admitiendo que "hay que entenderlo, pues policialmente es muy espectacular, pero no deja de ser una anécdota".