Dos furgones conducidos por miembros de la UCO han llegado sobre las 14,00 horas de este viernes a los juzgados de Sevilla con los ocho detenidos de la operación Heracles que deben declarar ante la juez del caso, Mercedes Alaya, que, no obstante, aún no se ha personado en la sede judicial.

Esta operación está encuadrada en la investigación de la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos y las nuevas declaraciones se producen después de que Alaya ordenase en torno a las 06,50 horas de esta madrugada el ingreso en prisión del exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

Estas ocho comparecencias se suman a las ya previstas de Juan Francisco Trujillo, quien fuera chófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, y Patrocinio Sierra, cónyuge de Juan Lanzas.

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Las posibles comisiones

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo. Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Pues bien, después de que la juez Mercedes Alaya regresase al Juzgado de Instrucción número seis tras varios meses de baja, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegaba el miércoles una gran operación saldada con 22 detenciones, varias imputaciones y 13 registros en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Se trata, como se ha informado, de la 'Operación Heracles', tras la cual han comparecido ante la juez e ingresado en prisión tanto el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, como Juan Lanzas.

Esta fase de la investigación, de cualquier modo, se centra en el papel juzgado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas.