Gobierno asegura que proteger a los cargos públicos de coacción es proteger la democracia

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha defendido este viernes, tras la concentración de varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la vivienda del vicesecretario de Estudios y Programas del PP y diputado, Esteban González Pons, que "proteger a los cargos públicos de cualquier clase de coacción es proteger el ejercicio de sus funciones públicas, y eso es proteger la democracia".

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha defendido este viernes, tras la concentración de varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ante la vivienda del vicesecretario de Estudios y Programas del PP y diputado, Esteban González Pons, que "proteger a los cargos públicos de cualquier clase de coacción es proteger el ejercicio de sus funciones públicas, y eso es proteger la democracia".

Así, durante la presentación del convenio de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) para la puesta en marcha del Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), el secretario ha precisado que "cuando los cargos públicos sean cargos de responsabilidad política y realizan funciones, esas funciones redundan en beneficio del interés general y en el ejercicio de esas funciones deben verse libres de todas clase de coacciones".

Cuestionado por este asunto, Martínez ha defendido de este modo que los políticos "están desarrollando una función pública con una implicación personal extraordinaria" y, por ello, "necesitan que en el ejercicio de esas funciones se respete el marco normal de vida privada, libertad y la ausencia de toda clase de elementos de coacción".

Por lo tanto, "defender a los cargos representativos es defender una función absolutamente esencial para el sistema democrático", ha sentenciado.

ERES

Preguntado por los periodistas sobre la investigación sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, el secretario ha señalado que se trata de una operación que sigue abierta, por lo que "no debería hacer mayores declaraciones".

Así, ha sentenciado que las consecuencias se producirán "según vayan siendo ordenadas por la titular del juzgado a medida que vaya pasando la instrucción", y ha concluido recordando que se trata de una operación "de alcance y que está teniendo repercusión".

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