El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha denunciado que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha sido "nuevamente advertido", por parte del Defensor del Pueblo, en que "si mantiene su actitud de falta de colaboración con la institución, podrá ser considerado como hostil y entorpecedora de las funciones del Defensor del Pueblo Andaluz".

Según los 'populares', en una carta remitida por la oficina de José Chamizo a la que ha tenido acceso el PP alcalareño, se especifica que "ante el alarmante retraso de más de nueve meses y tras dos solicitudes realizadas desde la Institución del pueblo andaluz para obtener información, el Defensor del Pueblo pone de manifiesto que está valorando hacer público en el Boletín Oficial del Parlamento, la negativa del gobierno alcalareño a cumplir con su obligación para con el Defensor del Pueblo".

El PP de Alcalá de Guadaíra ha asegurado que "muchos ciudadanos, ante la impotencia de que sus demandas al Ayuntamiento no se atienden y ni siquiera se responden, se ven obligados a recurrir al Defensor del Pueblo, ya que, y según dicta el artículo 19.1 de la Ley 9/1983, los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo Andaluz en sus investigaciones e inspecciones".

"El Defensor del Pueblo Andaluz es una Institución creada para la protección de los derechos y las libertades, forma parte del Parlamento Andaluz y ayuda a las personas para resolver problemas o conflictos que hayan surgido en sus relaciones con las Administraciones Públicas, siendo su actuación de manera independiente, con transparencia y objetividad".

"Unas formas de actuar", ha subrayado la presidenta de los 'populares' alcalareños, María del Carmen Rodríguez Hornillo, "muy distintas a las del gobierno socialista de Alcalá de Guadaíra".

"El problema en Alcalá de Guadaíra es", según el Partido Popular y a la luz de los escritos recibidos por esta institución, "que aquí al Defensor del Pueblo ni se le escucha, ni se le atiende y mucho menos, se le hace caso".

"Es una vergüenza que a un organismo tan relevante, por ser representante y garante de los derechos de los ciudadanos, sea ninguneado y obviado por el poder socialista que gobierna", ha conluido Rodríguez Hornillo.