El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón ha dictado una medida cautelar por la que se ordena la suspensión inmediata de las obras de demolición en Mina La Camocha, emplazando al Ayuntamiento de Gijón y a la empresa que realiza el derribo, Logistrap, a presentar alegaciones en un plazo de tres días hábiles, según el Auto al que ha tenido acceso Europa Press. Además, requiere al Gobierno Local a que notifique urgentemente el Auto de suspensión a la citada empresa.

En el Auto, contra el que no cabe recurso, se indica que con esta medida cautelar se trata de preservar el "efecto útil" de una futura sentencia, es decir, que no serviría posteriormente una sentencia a favor de los recurrentes si ya se demolieron para entonces las instalaciones, mientras que no aprecia un perjuicio en la suspensión temporal de los derribos.

Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, el Juzgado decidirá en otro Auto si se mantiene, modifica o levanta la suspensión acordada. Esta viene motivada por el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupación de Colectivos Asturianos (ACA) contra la resolución del Ayuntamiento de Gijón, de 28 de agosto de 2012, por la que se concede a Logiscrap la licencia de obras para la demolición y desguace en las antiguas instalaciones de Mina La Camocha.

Ya en octubre de 2011, ACA, junto con el colectivo para la defensa del Patrimonio Arqueológico Industrial, la Corriente Sindical de Izquierda y asociaciones vecinales de Vega, al tener conocimiento de la adjudicación a una empresa privada de la demolición y achatarramiento de diversas instalaciones de Mina La Camocha, remitió un primer escrito al Ayuntamiento de Gijón, a este respecto.

En concreto, le recordaba que "ningún planeamiento ni, menos aún, ninguna demolición pueden ser llevadas a cabo en tanto no se cuente con el preceptivo estudio en el que se valore el interés patrimonial de todos y cada uno de los elementos que integran el conjunto, y haya sido redactado, tramitado y aprobado el Plan Especial que debe definir las actuaciones a realizar en los terrenos de Mina La Camocha".

Posible ilegalidad

La advertencia de reiteró en sucesivos escritos en los primeros meses de 2012, en los que se advertía de la imposibilidad legal de concesión de licencia de demoliciones, en tanto no hubiese sido redactado, tramitado y aprobado el Plan Especial de La Camocha.

También remitieron escrito a la Consejería de Cultura, que respondió ratificando la necesidad de un Plan Especial, al tiempo que se dirigió al Ayuntamiento "recordándole que la Consejería de Cultura ya informó en 2008 que habrá de redactarse un Plan Especial para los terrenos de Mina La Camocha, en el que se determinen los elementos e instalaciones a conservar".

Aunque el Ayuntamiento denegó inicialmente la licencia de demoliciones, la concedió posteriormente en agosto de 2012, pese a las advertencias sobre la posible ilegalidad de su concesión por no contar con el citado Plan Especial.

No es hasta febrero de 2013, cuando se inician las demoliciones, cuando se enteran de la concesión de la licencia y solicitan "sin éxito" al Ayuntamiento la paralización de las mismas. Ante la falta de respuesta positiva, los colectivos ciudadanos interpusieron el correspondiente recurso vía contencioso, "en busca del cumplimiento de la protección del patrimonio arqueológico industrial establecida", según los recurrentes.