La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dejado este jueves vista para sentencia la demanda por intromisión al honor que presentó contra el presidente regional, Ignacio Diego, el director de Relaciones Institucionales del Racing, Sancho Michell, tras decidir que "no es necesario" celebrar un juicio oral.

El TSJC ha tomado esta decisión tras constatar, en la vista previa celebrada este jueves, con la sola asistencia de los abogados, la "conformidad" entre ambas partes sobre las palabras que dieron lugar a la demanda. El fallo se conocerá en un plazo máximo de 20 días.

En la vista, las partes han rechazado llegar a un acuerdo y tanto acusación como defensa han solicitado la adhesión de nuevas pruebas, todas ellas "descartadas" por la sala.

La demanda se interpuso por unas declaraciones radiofónicas realizadas por el jefe del Ejecutivo regional en noviembre pasado, en las que, al hablar de la directiva del Real Racing Club, afirmó que el responsable de Relaciones Instituciones del club fue expulsado del PP por "traición e indignidad".

La abogada de Sancho Michell, María Álvarez, había propuesto los interrogatorios de los 'populares' Ignacio Diego, Juan Corro, José María Lasalle, José Domingo San Emeterio, Rocio Acosta y Anibal Ruiz, así como una prueba pericial-judicial sobre parte de la documentación aportada por la defensa, todo ello con el fin de esclarecer su expulsión del PP.

En este sentido, el letrado del Gobierno de Cantabria Javier Uribe, ha criticado que la acusación sólo pedía el interrogatorio del presidente regional por su "afán de notoriedad" y ha solicitado que la sala tomase declaración a la gerente del PP cántabro, Jesusa Sánchez, y al locutor radiofónico Walter García.

La declaración de éste último se ha solicitado para aclarar los argumentos de Diego, que alega que pronunció las palabras sobre Michell apostillando "según se ha corrido por los círculos futbolísticos", ya que "se hacía eco" de las tertulias que Walter García realizó en Mix FM con motivo del fichaje de Michell por el Racing.

A este respecto, el abogado de Diego ha aportado una alegación aclaratoria, un documento en el que Walter García admite que los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2012 tuvieron lugar esas tertulias en el programa 'La hora de Walter', y que ha sido "imposible" aportar el audio de las mismas porque tuvieron "un problema informático". La acusación no ha aceptado este documento, sin embargo la Sala lo ha admitido.

Por su parte, la acusación ha aportado como aclaraciones los estatutos del PP, que la abogada ha considerado que son "contradictorios e interesados" en los procedimientos previstos para la expulsión de miembros del partido. Y es que la representante legal de Sancho Michell busca esclarecer cómo éste se dio de baja del PP en 2010 y, sin embargo, fue expulsado en 2012.

La defensa ha considerado "irrelevante" si se produjeron o no "irregularidades" en la expulsión de Michell, porque "la legalidad o formalidad" de la expulsión no es lo que está enjuiciando la Sala de lo Civil y Penal, que tramita esta causa al ser el demandado es aforado.

Por otro lado, la acusación ha pedido la impugnación del acta de expulsión de Michell a fecha de 26 de septiembre de 2012 porque cree que este documento está "predatado" y que incurre en "falsedad ideológica" y ha hecho lo mismo con "varios pantallazos" presentados por la defensa y que corresponden al programa de gestión de fichas de los afiliados del PP.

El abogado de Diego no ha impugnado ningún documento pero ha criticado a la letrada de Michell el "admitir fichas del PP que le vienen favorables e impugnar las que no". Tras debatir en privado, el TSJC ha rechazado las impugnaciones de la acusación, que ha replicado que, a su juicio, ambos documentos son "falsos".

El presidente del TSJC, César Tolosa, ha explicado que la Sala sustentará su decisión en cuatro hechos "fundamentales": saber si son ciertas o no y si se realizaron o no las declaraciones de Diego en el programa Buenos Días Cantabria; y si los hechos a los que se alude en las declaraciones —expulsión y percepciones económicas de Michell— son ciertos o no.

También se determinará si las manifestaciones de Diego suponen un intromisión en el derecho al honor y a la intimidad del demandante y si el enjuiciamiento de éstas puede vulnerar el derecho a la libre expresión del presidente regional. Asimismo, se valorarán los posibles daños y indemnización, aunque, en este punto, Tolosa ha aclarado que serían "daños morales" por lo que habrá ciertas "restricciones".