Juez Castro
El juez José Castro toma este jueves delcaración a 15 testigos del 'caso Nóos'. EFE

El testimonio de una empleada que este jueves ha reconocido ante el juez que tenía un contrato ficticio con Aizoon, empresa con la que los duques de Palma gestionaban su patrimonio, ha reforzado las sospechas de la Fiscalía de que Iñaki Urdangarin defraudó a Hacienda a través de esa sociedad.

El juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos, José Castro, ha iniciado en los juzgados de Barcelona su cuarta ronda de interrogatorios a testigos de la causa, aunque sólo tres de los once citados han comparecido finalmente ante el magistrado.

Según han informado fuentes judiciales, el más relevante de los testimonios ha sido el de Cristina V., una empleada contratada por Aizoon que ha negado que hiciera trabajo alguno para esa sociedad, pese a que en la Seguridad Social constaba como dada de alta. Precisamente, Iñaki Urdangarin fue interrogado en su segunda comparecencia judicial por la función de esa testigo que figuraba dada de alta en Aizoon, cuyo nombre el duque de Palma dijo que ni siquiera recordaba.

La declaración de esta testigo se suma a la de numerosos testimonios que, a lo largo de la instrucción de la causa, han reconocido que tuvieron contratos ficticios con la empresa Aizoon, que Urdangarin usó supuestamente para cobrar sus retribuciones como miembro del consejo de administración de varias empresas.

El testimonio se ha conocido en Barcelona permite dar sustento a las sospechas del fiscal, Pedro Horrach, de que Urdangarin usó esos contratos ficticios de Aizoon para dar apariencia de actividad real a su sociedad y, de esa forma, enmascarar en forma de nóminas a trabajadores las retribuciones que percibía, sin tener que declararlas al fisco. De hecho, este viernes están citados a declarar representantes de tres empresas en cuyos consejos de administración figuraba Urdangarin, y a los que se preguntará sobre extremos relacionados con su retribución, para aclarar si, como mantienen las acusaciones, cobraba a través de su empresa cuando debería percibir su remuneración como persona física.

Los testigos José M.S. y Núria P. han corroborado que prestaron los servicios por los que fueron remunerados En su segunda declaración judicial, el pasado 4 de marzo, UrdangarIn aseguró que los empleados que la Fiscalía sospecha que tenían contratos ficticios para Aizoon realizaban para él trabajos de asesoramiento que le eran útiles para sus funciones de miembro del consejo de administración de las empresas de que formaba parte. Al respecto, Virginia López Negrete, abogada del sindicato ultraderechista Manos Limpias que ejerce la acusación popular en la causa, ha afirmado que esta práctica, de confirmarse, "demostraría la mala fe" con la que actuaba Urdangarin. En opinión de la abogada, esa actuación "está alejada de lo que se puede pretender de los miembros de la familia real".

Junto a la empleada de Aizoon, han declarado ante el juez Castro dos trabajadores que estuvieron contratados, respectivamente, por el Instituto Nóos y por su heredera, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. En ambos casos, los testigos José M.S. y Núria P. han corroborado que prestaron los servicios por los que fueron remunerados y la segunda de las trabajadores ha aportado documentos que acreditarían que realizó las encuestas por las que fue contratada por el Instituto Nóos, han informado las mismas fuentes.

Para este viernes está previsto que comparezcan ante el juez cinco testigos, entre ellos el notario que firmó la constitución de Aizoon, una traductora que este jueves ha excusado su presencia y los representantes legales de las mercantiles Mixta África S.A., Aceros Bergara y Seelinger y Conde S.A.

Declaraciones en Madrid

El juez Castro llegó a Barcelona después de haber viajado a Madrid durante dos días en los que ha interrogado como testigos entre otros al vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y al asesor jurídico externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.

El primero negó que su firma fuese determinante para que el Instituto Nóos cobrase de la Generalitat Valenciana por la organización de unos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a celebrarse, mientras que el segundo aseguró que "jamás" intervino en la creación de las entidades vinculadas al conglomerado societario de Urdangarin y Torres.