La juez Alaya envía a prisión a Lanzas y Albarracín, imputados de la nueva rama de los ERE

  • La juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo fraudulentos de la Junta de Andalucía, prosigue la ronda de declaraciones.
  • De los tres imputados que han declarado este jueves, el fiscal había pedido prisión para Lanzas, un exsindicalista de UGT, y para Antonio Albarracín, exdirectivo de la aseguradora Vitalia
  • La juez ha dejado en libertad a Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla.
  • Las claves del escándalo de los ERE fraudulentos en Andalucía.
La jueza del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya.
La jueza del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía, Mercedes Alaya.
José Manuel Vidal / EFE

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha enviado esta mañana a prisión al intermediario Juan Lanzas y al exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarracín, con lo que se elevan a cuatro los encarcelados en la nueva rama centrada en las sobrecomisiones que cobraban.

Despues de una jornada que empezó a las 11 horas del jueves, Albarracín y Lanzas han recibido el auto que les envía a prisión a las 6,45 horas del viernes, tras pasar toda la noche en el edificio de los juzgados.

Ambos imputados se unen así a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta que ingresó en prisión el día anterior, y Juan Francisco Algarin, encarcelado en enero como testaferro de varias empresas empleadas para introducir en el circuito financiero las comisiones que cobraban

La juez Alaya, que se acaba de reincorporar tras una baja por enfermedad de seis meses, ha mantenido una jornada maratoniana que empezó a las 11.00 horas del jueves y concluyó en la mañana del viernes, durante la cual tomó declaración a cuatro personas, de las que dejó libres a dos: Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla, y Jesús Bordallo, ex director comercial de Vitalia en Andalucía.

Según los autos de prisión, el ex director general constituía el centro de una trama convertida en "un verdadero negocio" en la que percibía "dádivas o presentes a cambio de las cuales omitiría la celebración de licitación pública para la designación de las consultoras" que se encargaban de tramitar los ERE financiados por la Junta.

Las investigaciones de la Guardia Civil indican que Guerrero y su esposa llegaron a percibir 249.000 euros en transferencias de menos de 3.000 euros de las mediadoras en los ERE, han informado a Efe fuentes del caso.

Abogados presentes en las actuaciones han comentado a los periodistas que la juez Alaya ha dado muestras de nerviosismo y cansancio según avanzaba la madrugada, aunque el agotamiento era visible en varios letrados e imputados que llevaban en el juzgado desde que habían sido citados a las 11.00 de la mañana del jueves.

La juez decretó prisión para Juan Lanzas, un exsindicalista de UGT que se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque su comparecencia se ha prolongado una hora debido a que la juez le ha leído el listado de irregularidades que le imputa.

Su abogado, Pablo Luna Quesada, ha dicho a los periodistas que Lanzas puede justificar los 82.000 euros que los perros adiestrados de la Guardia Civil encontraron el miércoles en una maleta bajo la cama de sus padres, ya que era un dinero que había sacado para que su familia pudiese vivir en previsión de su ingreso en prisión.

El letrado ha rechazado los argumentos de la juez para ordenar la prisión de Lanzas ya que "nunca ha pretendido sustraerse a la acción de la Justicia y no puede destruir pruebas o influir sobre otros imputados porque el proceso está tan avanzado que todas las fuentes de prueba están en el juzgado".

Lanzas ha quedado ingresado en la cárcel de Sevilla-1 y Albarracín en la de Morón de la Frontera (Sevilla), han informado abogados personados en la causa.

Entre otros, las investigaciones que la Guardia Civil realizaba desde noviembre pasado, cuando la juez decretó el secreto del sumario, han localizado un total de 5,8 millones de euros cobrados por Lanzas, de los que 2,8 millones están ocultos y no han florecido y otros cinco millones proceden de los ERE de Nueva Rumasa.

El segundo acusado que ha ingresado en prisión es Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia acusado de apropiarse de 3,7 millones de euros y cuya esposa fue detenida el pasado miércoles en Madrid y se encuentra aún en los calabozos de Sevilla a la espera de pesar en las próximas horas a disposición de Alaya.

En cuanto a Ponce, ha sido imputado porque el testaferro Juan Francisco Algarín declaró a la juez que en numerosas ocasiones recogió sobres con dinero en las oficinas de Mercasevilla y en las proximidades de la Consejería de Empleo de la Junta en Sevilla.

Ponce se ha acogido a su derecho a no declarar y la juez le ha dejado libre con la única obligación de depositar su pasaporte en el juzgado.

Por la causa de los ERE ya cumplieron varios meses de prisión el exconsejero andaluz de Empleo Antonio Fernández, el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su exchófer Juan Francisco Trujillo, este último citado de nuevo este viernes para declarar ante Alaya.

Según la Guardia Civil, son 22 los detenidos en una operación que pretende averiguar los verdaderos destinatarios de las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras en los ERE financiados por la Junta, aunque un número no determinado quedó libre tras declarar ante los investigadores policiales.

El chófer declara este viernes

Este viernes, tras los detenidos, declarará a las 13 horas Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, y a las 18 horas Juan Francisco Trujillo, chofer de la Junta que declaró haber comprado cocaína con el dinero de las ayudas.

En la jornada de este miércoles ya prestó declaración el propio Guerrero ante la magistrada, quien tras cerca de tres horas de comparecencia ordenó por segunda vez en un año su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Hay que recordar que el 10 de marzo de 2012 lo mandó a la cárcel de Sevilla-I como presunto autor de hasta seis delitos, en concreto sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.

En total, Alaya ha citado a declarar a nueve personas que ya estaban imputadas en la causa, todo ello en relación a la operación efectuada este miércoles por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varias provincias de forma simultánea, como son Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

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