El Ayuntamiento de Málaga ha pedido un informe jurídico para determinar si hay incumplimientos por parte del adjudicatario que permitan la resolución del contrato del servicio de la piscina de Campanillas, cerrada tras detectar la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) alteraciones respecto a la licencia de apertura de 2005. Un proceso que se ha puesto sobre la mesa "en varias ocasiones", aunque no se ha materializado porque "no había razones legales".

Así lo ha explicado este miércoles el delegado municipal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado, quien de este modo lo trasladará en el pleno de este jueves a raíz de una moción de IU y de la petición de comparecencia por parte del PSOE.

Con su moción la coalición pedirá al equipo de gobierno del PP que estudie la mejor fórmula para la resolución del contrato y rescate la concesión administrativa de la piscina, aludiendo para ello a "los incumplimientos e irregularidades del concesionario privado", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Eduardo Zorrilla.

Para Zorrilla, es "incomprensible" que "en siete años y medio situaciones tan evidentes y denunciadas se hayan pasado por alto". Más aún, ha considerado que la actuación del Ayuntamiento ha sido "negligente" e implica "omisión de sus responsabilidades".

El edil de la coalición ha recordado que esta piscina ha estado abierta todos estos años sin que la cubierta contase con licencia. Además, el concesionario de esta polémica instalación ha llevado a cabo numerosas irregularidades, tales como una edificación de 400 metros cuadrados para restaurante y actividades complementarias y otra de 450 metros para gimnasio y parque infantil. Aparte de todo eso, el adjudicatario construyó sin licencia cuatro apartamentos para que pudieran ser utilizados como viviendas en alquiler.

Maldonado ha indicado que la petición de estudiar si hay incumplimientos responde a su decisión personal porque "lo que en un momento no se pudo resolver, puede que sí lo sea un año después". "Si vemos desidia por parte del concesionario —ha apuntado—, tendremos razones para resolver el contrato, pero mientras estén corrigiendo las cosas y presentando la documentación, no hay legalmente posibilidades de hacerlo".

De hecho, ha comentado que el objetivo de la consulta a los servicios jurídicos municipales es determinar "si no dar solución definitiva y rápida a la legalización de la cubrición es motivo para resolver el contrato".

INCUMPLIMIENTOS

El delegado municipal ha aclarado que "los incumplimientos no son los que podamos imaginar, no es, por ejemplo, hacer una obra ilegal, sino que no se resuelva adecuada y legalmente". "Se trata de las cosas no cumplidas estando recogidas en la concesión demanial", ha precisado.

Ha dejado claro que en este equipamiento, que cuenta "con el agrado de sus usuarios, ya que presenta un gran servicio; los problemas no son de actividad, sino de otra naturaleza", el Ayuntamiento siempre ha actuado con celeridad y "cuando llegó a conocimiento de Urbanismo que se habían construido elementos no autorizados, se ordenó su demolición y se derribaron todos ellos, imponiendo multas coercitivas en el caso de los legalizables". Preguntado por si se ha producido ese abono, el delegado ha dicho no saberlo, pero "si no ha pagado aún, pagará".

Por ello, "este tema nunca ha estado parado", ha dicho, estando pendientes para la legalización de la cubierta del pago de unas tasas y de que se atienda a una serie de cuestiones de un informe del Real Cuerpo de Bomberos. "Ha habido una vigilancia y una actitud celosa por parte del Ayuntamiento", ha apostillado.

Según Maldonado, el PP propondrá una enmienda de sustitución de los puntos de la moción de IU, de manera que establezcan que "se exija al concesionario que termine de presentar la documentación pertinente para la regularización de la licencia de la piscina y se estudien las posibilidades legales de la resolución del contrato si hay incumplimientos".