La Comisión de Justicia e Interior ha aprobado este miércoles por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PSOE-A, por la que la Cámara insta a la Junta a reclamar al Gobierno de la Nación que establezca en Andalucía una oficina de atención a las víctimas de posibles 'bebés robados' durante el franquismo ante las quejas de las asociaciones que los agrupan para recabar la información necesaria para sus procesos judiciales.

En virtud de esta iniciativa, el Parlamento manifiesta tanto su "solidaridad con las víctimas de estos procesos, padres, madres, hermanos, hermanas y personas a las que se les ha arrebatado su verdadera identidad", como su apoyo a "cuantas iniciativas se emprendan para que las familias puedan acceder a la documentación necesaria para esclarecer lo ocurrido con sus familiares".

Asimismo, insta a la Junta a "colaborar con las familias y con la Justicia de manera ágil y rigurosa, siempre en el marco de la legalidad vigente, en el acceso a los expedientes sanitarios de los hospitales públicos andaluces", así como a "contribuir al esclarecimiento de estos presuntos delitos, facilitando el acceso a la información que está bajo la tutela de la Junta en el marco de la normativa vigente" y promoviendo el "asesoramiento legal a los afectados que tengan derecho al beneficio legal de justicia gratuita".

La Cámara pide también al Ejecutivo andaluz que se dirija al Gobierno de la Nación para demandar que "el Instituto Nacional de Toxicología facilite el acceso a las pruebas de AND a los afectados que hayan formulado denuncias por presunto robo de bebés desde los años 40 a los años 90", así como que "acerque la Oficina de Atención a las Víctimas a las mismas, estableciendo una oficina en Andalucía".

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Enrique Javier Benítez ha explicado que su formación ha presentado esta iniciativa ante el "continuo incremento de casos de personas que buscan a familiares supuestamente robados al nacer y entregados ilegalmente en adopción desde los años cuarenta hasta bien entrada la democracia", una práctica que "en principio surge por parte del franquismo como medida de represión hacia las madres republicanas presas y más tarde se convierte en un negocio, presuntamente al amparo de instituciones eclesiásticas y hospitalarias".

"En la mayoría de los casos, los representantes de las asociaciones se quejan de la dificultad para recabar la información que necesitan para sus procesos judiciales, de lo costosas que son las pruebas de ADN y de la dificultad que tienen muchas familias para asumir estos gastos", ha lamentado Benítez, que ha señalado que "en Andalucía existen cientos de familias que han denunciado el caso ante la Fiscalía, pero se encuentran con que las denuncias están siendo archivadas por la prescripción de delito".

PP-A

Pide "ir todos a una"

Por su parte, el diputado del PP-A, Manuel Alberto Fernández ha indicado que su formación va a apoyar esta iniciativa al considerarla "sensata, positiva y lógica", dado que las exigencias no solo recaen en el Gobierno de la Nación, sino también en la Junta de Andalucía. "Es una propuesta que se pone del lado de las víctimas", ha añadido el parlamentario 'popular', quien ha considerado necesario que "todos estemos a una" en el esclarecimiento de estos hechos.

Fernández ha explicado que el PP-A rechazó hace unos tres meses una iniciativa presentada por IULV-CA sobre esta materia porque era "absolutamente política" y, además, no recogía las demandas de las asociaciones de víctimas de bebés robados. "Esta iniciativa corrige a la de IULV-CA y, aún no compartiendo algunos de los extremos de la exposición de motivos, estamos de acuerdo con las medidas que se proponen", ha señalado.

Finalmente, la diputada de IULV-CA Alba Doblas, que ha cifrado en unos 300.000 los casos de bebés robados en España, ha indicado que su formación va a seguir insistiendo en que se trata de una forma más de violencia de género, "aunque a algunos no les guste escuchar esto". Además, ha lamentado la falta de información y el "obstruccionismo" con el que se encuentran estas víctimas.

Doblas ha indicado que ante una iniciativa como ésta no cabe "la abstención porque huele a podrido" y ha puesto en valor que el PP-A haya rectificado después de abstenerse hace unos meses a una iniciativa sobre este asunto presentada por IULV-CA. Finalmente, ha considerado necesario la apertura de los archivos y la máxima colaboración por parte de todas las instituciones.