El portavoz parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha acusado este miércoles a la Junta de Andalucía de aprobar un "decreto-puente" sobre la Radio Televisión de la comunidad (RTVA) con el fin de "saltarse la ley" y la mayoría cualificada que exige para la elección del director general del ente público y "orillar" así a su grupo parlamentario.

Así lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlamento, donde Rojas ha mostrado la disposición de su grupo a "debatir y a dialogar" con PSOE-A e IULV-CA sobre este asunto pero siempre y cuando no se intente obviar "el espíritu de la ley de Canal Sur" que se firmó en 2007 y que establecía una mayoría cualificada para elegir a la persona encargada de la Dirección General de la RTVA.

En su opinión, el "decretazo" aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta —que habilita al consejo de administración para que delegue, por mayoría absoluta de su miembros, en el personal directivo de la RTVA el ejercicio de aquellas funciones que corresponden al director general y que tienen mayor vinculación con la gestión— no busca "mejorar" la RTVA sino "no perder el control de Canal Sur".

"Es un decreto sectario y ahí no nos va a encontrar el bipartito", ha incidido el 'popular', que ha criticado que este "decreto-puente" tenga como intención "saltarse a la torera la mayoría cualificada" y, por ende, intentar "saltarse al PP-A".

Pese a que la consejera de Presidencia, Susana Díaz, afirmase ayer que había iniciado contactos con las tres formaciones con representación parlamentaria para la elección del nuevo director general de la Radio Televisión de Andalucía antes del verano, Rojas ha señalado este miércoles que el PP-A no considera que esta llamada sea una "propuesta formal" y ha exigido al "bipartito" una iniciativa "seria" para sentarse a dialogar y a hablar "no solo de nombres, sino también de objetivos" para el ente público.

Los 'populares', en este campo, exigen que se analice la RTVA bajo "dos premisas fundamentales: la viabilidad económica de la empresa y sus trabajadores, y la neutralidad política del ente pública", ya que consideran que esta imparcialidad "no se garantiza desde hace 15 años".