El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha señalado este miércoles que la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en la que concluía que todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas, no conlleva consecuencia alguna en relación al Decreto 2/2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía.

Asimismo, en respuesta a una pregunta del PP-A, realizada por la diputada Alicia Martínez, en comisión parlamentaria, el consejero ha indicado que será el condenado el que deberá cumplir la sentencia, pese a que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo en base al decreto aprobado en 2012 por la Junta y ha recordado que este decreto no interfiere en los aquellos casos en los que se da un proceso de tipo penal.

Además el consejero ha instado a los ayuntamientos 'populares' a no proponer legalizaciones en zonas inundables, al tiempo que ha insistido en que la Administración andaluza realiza un "estricto" cumplimiento de la legalidad.

Por su parte, la diputada del PP-A Alicia Martínez ha llamado la atención sobre la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que "preocupa" y ha señalado que este problema no está teniendo "la solución deseada".

Martínez ha recordado que esta situación empezó en 2010, "se agravó" con "promesas de legalización" en 2011, en enero se publicó el Decreto mencionado y ahora esta sentencia "arroja inseguridad" y muestra una "dispersión normativa".