El secretario xeral técnico de la Consellería de Cultura e Educación, Jesús Oitavén, ha asegurado este martes en comparecencia parlamentaria que "no es capaz de garantizar" los principios de calidad alimentaria de los 'tuppers'.

Sin embargo, fuentes de este departamento autonómico han asegurado a Europa Press, con posterioridad a la intervención en la Cámara del alto cargo de la Xunta, que la Administración autonómica "no puede prohibir que un alumno lleve" una fiambrera.

Durante su intervención en la Comisión de Educación, Oitavén ha recordado que, de acuerdo con la normativa vigente, la comida que se sirve en los centros públicos es la que se prepara en ellos, y "no se permite comida llevada de casa", salvo algún caso aislado que pueda existir, del que "no tiene constancia". En este sentido, ha explicado que las administraciones deben velar por "el análisis, trazabilidad y el principio de cautela" en este asunto.

"No sé cómo hacen las otras comunidades. Nosotros no somos capaces de garantizar estos principios sobre las comidas elaboradas en el hogar", ha expuesto, antes de remachar que la consellería, "ante un riesgo", debe velar por que la comida se sirva en el centro se haga "con todas las garantías" de salubridad y nutricionales.

A este respecto, las mismas fuentes de Educación han explicado, con posterioridad a la comparecencia, que la consellería vela por el cumplimiento de estas características. Concretamente, los comedores públicos se someten a controles sanitarios, las empresas —en los casos en los que los menús están externalizados— están registrados y cumplen los protocolos de inspección y seguridad. "Los menús son elaborados con criterios nutricionales y garantizan el adecuado equilibrio alimentario", explican estas mismas fuentes.

Así, las mismas fuentes de Educación han afirmado que "la Administración no puede prohibir que un alumno lleve un 'tupper', pero debe garantizar que esa comida elaborada en el hogar no se mezcle con la elaborada en los centros". Esto significa habilitar espacios separados a los comedores en los que se sirven la comida sometida a los controles.

La semana pasada, el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, aseguró que la normativa gallega "no contempla" la posibilidad de que los niños lleven las fiambreras de casa, pero afirmó, con todo, que se analizaría "llegado el momento" si un grupo de padres lo piden. En este sentido, descartó cobrar por ello.

Transporte escolar

Por otro lado, Jesús Oitavén ha asegurado que el transporte escolar está "avalado en los presupuestos" de la Xunta y ha rechazado el copago en este servicio, que "no está en agenda" de la Consellería de Educación.

En comparecencia parlamentaria, ha defendido esta medida, "imprescindible" para el medio rural, frente al copago en comedores escolares, que lo hace más "redistributivo".

Al respecto del transporte escolar, Oitavén ha asegurado que la Xunta "considera imprescindible para atender las necesidades escolares en el medio rural" mantener la gratuidad del transporte, pero ha justificado el copago en los comedores, que derivarán en unos ingresos pertenecientes, en un 77 por ciento, a las familias con rentas más altas.

Sin embargo, los grupos de la oposición han puesto en duda que se vaya a mantener la gratuidad del servicio de autobús, como expresó el diputado del PSdeG Vicente, que ha manifestado "hoy toca aplicar un tasazo con los comedores escolares, y mañana tocará pagar por el transporte escolar".

El alto cargo de la Xunta ha defendido que se están "financiando la totalidad del coste" de las personas cuya capacidad económica "precisa de apoyo institucional". De hecho, ha resaltado que, mientras que en 2007 el peso del presupuesto en comedores era del 0,7 por ciento, ahora se eleva al 1,36 por ciento del total de la consellería.

Además, ha destacado que el 77,5 por ciento de las familias numerosas gozarán de "gratuidad total" y el 22,5 por ciento pagarán un euro por hijo. En el caso de las familias con dos hijos, el 67 por ciento tendrán el servicio subvencionado al 100 por cien y, en casos de familias con un solo hijo, será gratis para el 50 por ciento.

Oitavén defendió esta medida que, según sus palabras, "permitirá ampliar la red de comedores sociales", y ha remarcado que no se trata de "privatizar, sino de adaptar el servicio al coste", al tiempo que articular un "sistema más justo" que, por ejemplo, deje fuera de la gratuidad "a un hijo de un diputado".

Subir el irpf

Sin embargo, los grupos de la oposición han puesto el acento en que para conseguir una medida más redistributiva habría que incidir en los impuestos de la renta de los contribuyentes, en lugar de poner "repagos" en los comedores escolares.

Así, el diputado socialista Vicente Docasar ha asegurado que "la vía correcta" para subvencionar este servicio es la de los impuestos, subiéndolos a las rentas más altas, y ha acusado de "catalogar a los niños" en los comedores escolares en "función de la renta de sus padres", lo que puede conllevar "crueldades" que se podrían "evitar".

"Todos sabemos que la justicia social es la justicia de los impuestos, la única que no quieren hacer. Súbanle los impuestos y no terminen con un servicio público", ha espetado el diputado de AGE Ramón Vázquez, mientras que el nacionalista Cosme Pombo afirmó que los comedores "forman parte de un derecho de la educación" y fundamentó que de lo que se trata es de "pagar los impuestos" de forma progresiva.

Segregación por sexos

Por otro lado, al respecto de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula los conciertos educativos con los colegios que segregan por sexo, Oitavén defendió la existencia de otros fallos judiciales anteriores que avalaron los conciertos que se hicieron en agosto de 2009, y ha justificado que ahora se sentó "una doctrina diferente".

"No soliciten una respuesta prematura", instó el secretario xeral técnico antes de la intervención de los grupos, durante las cuales el diputado del BNG Cosme Pombo acusó al Gobierno de dar "tres millones de euros ilegalmente" a estos colegios que separan a niños y niñas.

Ramón Vázquez ha criticado que la Xunta no aclare que va a hacer con la sentencia. "O la acatan o la recurren", ha espetado para censurar las palabras de que se van a estudiar, a lo que el popular Román Rodríguez replicó que la "asesoría jurídica hace lo que tiene que hacer". "Y en base al dictamen, no les quepa la menor duda de que el Gobierno acatará la sentencia", ha remachado.

Además, Román Rodríguez ha puesto el acento en que los padres que llevan a sus hijos a este tipo de centros lo hacen sin que nadie les "obligue", y ha remarcado que habría discriminación si los niños y niñas recibiesen diferente material o servicio.

De esta forma, ha considerado que en "España hay cierto complejo" a este tipo de centros porque "suena a antiguo", pero ha subrayado que este modelo convive en países como Suecia o Francia dentro de la "red de oferta pública".