En el colegio Infante Don Juan Manuel sólo hay siete  alumnos de 3 años y cinco de 4 años, y sobran 110 plazas; en el Ciudad de Murcia sólo hay cuatro de 3 años; el Giner de los Ríos ha perdido 17 alumnos de 4 y 6 años, y el de Santiago el Mayor, 39.

No hacía falta

El Ayuntamiento de Murcia cedió en 2004 una parcela a la Consejería de Educación para construir el Gabriel Pérez Cárcel, pero Educación contestó que no hacía falta, ya que las necesidades de escolarización en la zona estaban cubiertas.

Sin embargo, se hizo el centro concertado y Educación le dio licencia, dice, porque es el único de la zona que ofrece educación especial. El resultado es que ahora paga la educación pública, donde sobran plazas, y la concertada.

Los sindicatos creen que la solución era contratar profesores de educación especial en los públicos. «El Pérez Cárcel es ilegal. Por ley sólo se conciertan centros si faltan plazas en la zona. Hemos pedido a la Consejería que revise el concierto. Si no, los denunciaremos por vía penal por utilizar de manera fraudulenta fondos públicos», anunció Oscar Urralburu, de Sterm.

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«Faltan aulas de integración»

María Dolores Cárcel dirige el  concertado Gabriel Pérez Cárcel. Asegura que montó la cooperativa porque en Murcia no hay colegios que integren a los niños con problemas. «Cuando les dices a los directores de los públicos que hagan aulas de este tipo, se cierran en banda. Hemos apostado por la integración desde el ámbito privado y esto no es malo». Sterm recuerda que los colegios concertados se crean con dinero público y que estos fondos deberían servir para mejorar los coles públicos, «y no hacer concertados si no hacen falta».