El sindicato CSI-F Enseñanza Castilla y León ha criticado hoy por "injusta" y "arbitraria" la decisión de la Consejería del ramo de no proseguir con la tramitación de la Ley de Autoridad del profesorado, lo que, en su opinión, echa por tierra el importante trabajo que se había llevado a cabo desde comienzos de la presente legislatura y no aprovecha la oportunidad de favorecer la convivencia en los centros y de dignificar la importante labor que los profesores desempeñan en la sociedad.

La Administración regional, tal y como apunta el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, justifica esta decisión en el deseo de esperar a una futura regulación de algunos de estos aspectos en la LOMCE y sus posteriores desarrollos.

Sin embargo, CSI-F ve tal justificación "poco consistente" y supone aplazar su posible promulgación más allá de la presente legislatura, y sin embargo, la LOMCE tardará, al menos, año y medio en "imponerse" y además habría que esperar a sus desarrollos posteriores.

La organización sindical asegura no entender que se ponga freno a una Ley, casi en su trámite final, por esperar a una decisión del Gobierno central.

"No entendemos que la Consejería de Educación obvie al profesorado de esta Comunidad haciendo oídos sordos a un tema demandado por los docentes. No entendemos que se pase por alto los acuerdos tomados en Mesa Sectorial con los representantes sindicales y se ninguneen las decisiones aquí consensuadas", advierte CSI-F, que extiende sus críticas al hecho de que la Dirección General de Política Educativa no dé ninguna explicación de esta decisión y decida unilateralmente sobre su retirada.

Un desprecio para la comunidad educativa

Tal medida, añade el sindicato, supone olvidar que uno de los pilares de la educación es el profesorado, desprecia a todos aquellos que aportaron sus ideas para el anteproyecto de Ley de Autoridad y, además, el retraso en su aprobación conllevará el incumplimiento de una de las promesas del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que en su discurso de investidura hizo alusión a que se aprobaría en esta legislatura.

"El celo y la profesionalidad de los docentes de Castilla y León, nuestro marco legislativo y la gestión de nuestro sistema educativo nos ha situado por encima de la media del país en Educación", subraya el sindicato, que por ello insta al consejero, Juan José Mateos, y al Gobierno de la Comunidad a seguir preservando su autonomía, su capacidad de decisión y las iniciativas que le son propias.

En conclusión, CSI-F entiende que la Consejería de Educación arroja por la borda un trabajo de toda la sociedad castellano y leonesa que estaba muy avanzado, se supedita el interés de la Comunidad al del Estado y, lo que es peor, se da un importante frenazo a la regulación de la convivencia en los centros educativos y, por ende, a la calidad y eficiencia de la educación en Castilla y León.

Por todo ello, solicita a Mateos que rectifique en su decisión de aplazar la tramitación de esta Ley de Autoridad del Profesorado y que la misma entre en vigor en los plazos inicialmente previstos.