El Grupo Parlamentario Popular va a plantear a socialistas y regionalistas un acuerdo para que apoyen su propuesta de instar al Gobierno cántabro del PP a que estudie emprender acciones judiciales contra los exconsejeros de Economía y Hacienda, Ángel Agudo (PSOE), y de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano (PRC), de forma que no sea una iniciativa "exclusivamente" de los 'populares', sino de la comisión de investigación de Cantur "en su conjunto".

Así lo ha anunciado este lunes el diputado del PP Iñigo Fernández, quien ha relacionado esta decisión con el "apoyo" que el expresidente regional, Miguel Ángel Revilla, manifestó "insistentemente" a dichas acciones judiciales durante su declaración en la comisión el pasado viernes, ofreciendo "incluso" su firma en la demanda.

Según ha explicado Fernández en rueda de prensa, los 'populares' han considerado y "reflexionado" sobre este apoyo y han decidido que, en lugar de hacer su solicitud al Gobierno "particularmente", sólo por parte de su grupo, van a proponer un acuerdo de la comisión con el fin de contar con el apoyo de socialistas y regionalistas.

Para ello, van a registrar "probablemente" mañana martes su propuesta de acuerdo, que se debatirá cuando la Mesa de la Comisión "encuentre" fecha, lo que no se producirá seguro antes del viernes, ha precisado el diputado, dado que el martes, miércoles y jueves hay un calendario de comparecencias muy ajustado.

Fernández ha señalado que confían en obtener el apoyo de PSOE y PRC, pero en especial de los regionalistas, ya que fue Revilla quien insistió en la Comisión en que si llevaban el asunto a los tribunales "podrían contar con su firma y apoyo".

El diputado del PP ha recordado que las acciones legales que plantea el PP contra ambos exconsejeros son por falsedad de testimonio y quebranto de Cantur. A su juicio, es necesario que el juez determine si hubo delito en las decisiones que dieron lugar a dicho quebranto para el interés público, así como "quién o quienes" fueron responsables del mismo.

Ha detallado que en el juzgado, esta demanda puede tener "dos vías", que los Servicios Jurídicos del Gobierno se encargarán de estudiar, para determinar si de los hechos puede derivarse responsabilidad penal y por parte de quien, o en su lugar procede una reclamación patrimonial.

Fernández ha reiterado que la decisión del Grupo Popular se debe, por un lado, al "quebranto económico" que se produjo en la operación de venta de acciones del Racing de Dumbiro a WGA Sport, en la que, según ha dicho, se perdieron 1,2 millones de euros, a los que se suman otros 5 millones que no se cobraron al permitir el traspaso de acciones a Ali Syed "sin suficientes garantías de cobro".

"se contradicen"

El diputado ha puntualizado que no instan acciones judiciales contra Agudo y Marcano por haber "mentido" en la comisión, sino porque "se ha producido un quebranto económico muy importante para Cantur" y, además, porque ambos "se contradicen" en sus declaraciones de cómo se produjeron los acuerdos y la operación de venta del Racing, ha insistido.

"Cada uno ha dicho aquí una cosa"", ha recalcado Fernández, para quien eso significa que uno de los dos "ha mentido flagrantemente" en la comisión a la hora de determinar las responsabilidades de la operación y si ésta fue o no una decisión colegiada del Consejo de Gobierno.

"Hay un quebranto económico para Cantur de varios millones y los responsables de ese quebranto dan cada uno una versión", ha subrayado, de ahí que al Grupo Popular le haya parecido "conveniente" que esa información se remita al Juzgado para que determine si existen responsabilidades y si ese "quebranto" económico pudiera convertirse en "hecho delictivo".

Para Fernández, es "imprescindible" que se sepa qué "órgano" adoptó los acuerdos que se tomaron. A su juicio, ha habido una actitud "muy opaca" hacia la comisión. "Marcano, Agudo y Revilla no han entendido los trabajos de esta comisión como ámbito para dar explicaciones políticas, sino como antesala de un problema judicial para ellos", ha dicho, por lo que "más que defensa política" lo que "han venido a hacer es una defensa jurídica, cada uno tratando de evitar su propia responsabilidad".

Por último, ha afirmado no tener inconveniente en que los dos exconsejeros volvieran a comparecer de nuevo para que "aclararan" la "contradicción" en la que, desde su punto de vista incurrieron.