La responsable de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente "las tasas abusivas que el Gobierno regional impone para acceder a los Servicios de Mediación o Encuentro Familiar, lo que perjudicará gravemente a los menores".

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir a la Consejería de Sanidad y Política social, a través de una moción en la Asamblea, que "suspenda y anule dicha Orden y mantenga el carácter gratuito de estos servicios públicos".

"La Orden de 1 de marzo de 2013, de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que se establecen los precios públicos de Servicios de Mediación Familiar y Puntos de Encuentro Familiar en la Región supone un auténtico atropello a usuarios de estos servicios que hasta ahora habían sido gratuitos", advierte Rosique, que reprocha al Gobierno regional "estar demostrando su ideología ultraconservadora para dar un paso más en su idea de cobrar a ciudadanos para poder acceder a servicios o prestaciones sociales, como si de un artículo de lujo se tratara".

Y es que, recuerda, "primero aplicó una tasa de 30 euros por solicitar la Ley de Dependencia, luego otra tasa por tramitar el título de familia numerosa o el grado de discapacidad y ahora plantea un impuesto a los usuarios de los centros de Mediación o de Encuentro Familiar".

Rosique ha manifestado que "si ya es rechazable que se imponga una cuota para poder acceder a estos servicios, lo es mucho más por la elevada cuantía de la misma que los va a convertir en inaccesibles para mucha gente".

En su opinión, "supone un auténtico abuso establecer una cuota por sesión de 112 euros para poder acceder al Servicio de Mediación Familiar o de entre 50 y 80 euros mensuales a los Puntos de Encuentro Familiar, con un posible suplemento de entre 25 y 40 euros respectivamente".

A finales del año pasado, la Comunidad de Madrid "aprobó la aplicación de estas tasas con unas cuantías de entre 5 y 10 euros, muy inferiores a las que acaba de aprobar el Gobierno regional y a pesar de ello, Jueces para la Democracia denunciaron que esta medida afectaría gravemente a los menores, regresando a la situación que se creía ya superada, en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías de Policía, en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar alternativo, carente de las condiciones mínimas necesarias para proteger a los menores".

"Hay que tener en cuenta que la mediación familiar es un recurso con el que poder gestionar y resolver de forma positiva los conflictos que afectan a su funcionamiento y convivencia, al objeto de garantizar que los menores y personas dependientes que formen parte de la unidad familiar sean protegidos en sus intereses y bienestar", ha señalado.

En el caso del Servicio de Punto de Encuentro Familiar, los beneficiarios son "todos aquellos menores que por circunstancias relacionadas con procesos de separación, divorcio o medidas de protección no conviven con uno o ambos progenitores. Los usuarios del servicio son los progenitores y otros familiares autorizados a participar en los intercambios o visitas".

Rosique ha alertado que "cobrar por ello y hacerlo con esta desmesura supone acabar con la igualdad de acceso a estos importantes servicios", cuyos principales beneficiarios son los hijos menores de edad y los dependientes.

Esta orden, continúa, "veta a todas las personas con pocos recursos, ya que sólo quedan exentas las de renta per cápita inferior al IPREM o que tengan concedida la asistencia jurídica gratuita".