Las diputaciones provinciales, entre ellas varias gobernadas por el PP, han expresado también sus críticas a la reforma local que plantea el Gobierno y confían en poder hacer aportaciones para modificar el anteproyecto, sobre el que el Ejecutivo ha echado el freno ante las quejas.

Así quedó de manifiesto en una reciente reunión de la Comisión de Diputaciones celebrada en Madrid, en la que el primero en manifestar sus críticas fue el presidente de este foro y de la Diputación de Valencia, el 'popular' Alfonso Rus, cuya contundencia además sorprendió a bastantes de los asistentes, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras de la reunión.

Las diputaciones comparten la queja sobre cómo se ha preparado este texto en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin contar con su criterio. Pese a que el Gobierno asegura que el proyecto supone un refuerzo de las diputaciones, buena parte de quienes las presiden rechazan que sea por imposición y suprimiendo la autonomía municipal: Los municipios de menos de 20.000 habitantes que no sean considerados eficientes.

No tienen claro además cómo será el proceso por el que deberán asumir estos servicios y creen que se les adjudicará además el papel de reducir el número de funcionarios, de aplicar expedientes de regulación si al agrupar tantos servicios son innecesarias determinadas plantillas municipales.

Las críticas al texto que impulsa Administraciones Públicas han llegado también desde las comunidades, varias de ellas gobernadas por el PP. De hecho, Murcia, Madrid, Galicia y Castilla y León, además de Navarra, han presentado alegaciones al documento, del que no comparten el traspaso de competencias que se pretende o la pérdida de poder sobre los ayuntamientos en favor del Estado.

Críticas municipales

Estas quejas se suman a las que desde los primeros pasos de la reforma fueron expresando los alcaldes. De hecho, la posición institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha ido virando con el transcurrir de los meses y ahora plantea abiertamente críticas y propuestas.

Cuando el año pasado Administraciones Públicas presentó la primera propuesta de reforma, la FEMP respondió con dos documentos: Uno respaldado por el PP y otro, por el PSOE. Sin embargo, las críticas son ahora comunes en la mayor parte de los asuntos y la posición, prácticamente unánime.

Lo que toda la FEMP respalda y quiere es, por un lado, que los alcaldes de pueblos de menos de mil habitantes puedan seguir cobrando un sueldo, al entender que la mayoría tiene bajos sueldos municipales y hace a cambio "un gran servicio". Tampoco quieren que haya mecanismos de intervención de los ayuntamientos de menos de 5.000.

Por otro lado, la Federación observa con dudas el coste estándar que quiere fijar Hacienda, el rasero económico que obligará a dejar de prestar un servicio y traspasarlo a una administración superior cuando el coste esté por encima. Los municipios apuestan por que no se imponga este coste estándar.

El Gobierno pretende también devolver a las comunidades competencias en educación y sanidad que ahora ejercen los municipios, pero les exige además que traspasen fondos y la FEMP no entiende que deba ser así. Quien ejerce la competencia, concluyen los alcaldes, que asuma el coste.

Lejos de los grandes asuntos, los alcaldes no ven tampoco con buenos ojos el papel a su juicio desproporcionado que pasarán a desempeñar los interventores municipales, que volverán a ser además funcionarios dependientes del Estado.

Un ritmo más lentos

El motín en sus propias filas ha llevado al ministerio que dirige Cristóbal Montoro a relajar los plazos y a insistir en que la negociación sigue abierta. Esta pasada semana, el responsable de política municipal del PP, Javier Arenas, reunió en Génova al ministro y a los representantes 'populares' en las distintas federaciones de ayuntamientos, un encuentro que transcurrió con más calma de la que de entrada se esperaba, según fuentes de la reunión.

El ministro aprovechó el foro para subrayar que por el momento sólo se ha redactado un borrador, que el ministerio estudia alegaciones y escucha las críticas porque sabe que una reforma de este calado "escuece". Y aunque ha ido rebajando sus pretensiones en algunos asuntos, como la reducción del número de concejales o los sueldos, mantiene claro el rumbo en cuanto a las competencias y el establecimiento de un coste para los servicios.

El Consejo de Estado está estudiando el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y lo hace sin prisa, ese es el encargo, dada la trascendencia de la iniciativa. Además, el Ejecutivo convocará en las próximas semanas la Conferencia Sectorial de Administración Pública y la Comisión Nacional de Administración Local, en la que la FEMP llevará sus propuestas.