El Grupo de IULV-CA en la Diputación de Cádiz va a llevar al próximo Pleno Ordinario de la Institución provincial dos mociones en las que solicita, por un lado, la puesta en marcha de un Plan "urgente" de Solidaridad Social para 2013, dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes; y por otro, que el Gobierno retire el Real Decreto Ley 28/2012 de medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de la Seguridad Social, manteniendo el poder adquisitivo de las pensiones.

En la exposición de motivos de la primera moción, planteada por el diputado y portavoz del Grupo, Pedro Romero, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala la "profunda crisis económica" que el país lleva padeciendo desde hace más de cuatro años "lo que nos está llevando a batir récords de desempleo en nuestra provincia".

Así, detalla que las cifras de personas desempleadas registradas en el SAE se elevan en el mes de febrero "a 3.115 desempleados más", lo que supone un 1,5 por ciento en relación con el mes de enero; mientras el total provincial asciende a 209.748 personas, "muchas de las cuales están cobrando una mínima ayuda y otro importante porcentaje no percibe ninguna prestación". Asegura Romero que esta situación está conduciendo "al empobrecimiento de importantes sectores de la población que empiezan a tener dificultades para adquirir productos y alimentos básicos".

Sostiene el diputado que ante una "emergencia social de primer orden" como esta, se necesita una respuesta "urgente" por parte de los poderes públicos, entre ellos las Diputaciones Provinciales que tienen asignadas la coordinación, en el ámbito de su territorio, de los servicios municipales para garantizar su efectiva prestación, cooperando con las entidades locales, preferentemente con población inferior a 20.000 habitantes, cuando la falta de recursos o insuficiente capacidad de gestión impida la adecuada prestación de los servicios municipales obligatorias establecidas en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

En este sentido, han recordado que el equipo de gobierno anterior (PSOE-IU) de la Diputación puso en marcha en el año 2010 un Plan de Solidaridad Social "como un instrumento extraordinario para cooperar con los Ayuntamientos en la ayuda a los más necesitados"; por lo que reclama la puesta en marcha de un nuevo plan, en coordinación con los Ayuntamientos a través de los Servicios Sociales.

PENSIONES

Por otro lado, el Grupo de IULV-CA ha presentado otra moción, que será defendida igualmente por Romero, en la que insta al Gobierno a retirar el Real Decreto del 30 de noviembre que regula las pensiones para mantener su poder adquisitivo.

Además, reclama que el Ejecutivo que proceda al abono de las cantidades dejadas de percibir por la aplicación de la citada Ley, ya que según expone el diputado provincial, la decisión del Gobierno de no revalorizar las pensiones en España en la cuantía equivalente a la desviación entre el IPC a 30 de noviembre y la previsión de inflación abonada a principio de año, del uno por ciento, "vuelve a incidir en disminuir la renta disponible de los pensionistas en el marco de las políticas de ajuste para cumplir con los objetivos de déficit".

Para ello, según ha recordado, ha aprobado un Real Decreto Ley de Medidas de Consolidación y Garantía del Sistema de Seguridad Social, motivando la presentación de un Recurso de Inconstitucionalidad por parte de la mayoría de Grupos Parlamentarios, entre ellos Izquierda Unida. Igualmente, señala que se ha modificado la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Para Izquierda Unida esta medida constituye "un perjuicio claro para uno de los colectivos más vulnerables", el de los pensionistas. "Es, además de inconstitucional, una medida injusta e ineficaz y se enmarca en la continuada política de ajustes que está intensificando los negativos efectos de la crisis, deprimiendo la demanda interna y afectando intensamente a la actividad económica y el empleo. Con ella, se retiran de manera inmediata 2.000 millones de potencial consumo, en el caso de la pensiones la práctica totalidad se destina a ese fin, y otro tanto solo a lo largo de 2013", apunta.

Romero considera que el Gobierno ha cedido "a las exigencias del núcleo más conservador de la Unión Europea y de los mercados", cuya actividad "especulativa" sigue provocando que la economía, no se recupere y que los trabajadores, los pensionistas y jubilados sigan perdiendo poder adquisitivo y unos derechos sociales "que conseguimos durante muchos años de lucha".

Explica igualmente que el Gobierno ha cambiado la Ley Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para establecer que durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014 no resultará de aplicación el límite del 3 por 100 de la nómina de pensiones contributivas y gastos de gestión del sistema, que pueden ser dispuestos para atender el pago de dichas pensiones. Durante esos años el límite será el que determine y prevea la Intervención General de la Seguridad Social; una medida que, según Romero, se hace "sin explicación previa alguna a los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo ni a las organizaciones sindicales y empresariales, como debería ocurrir".

Por todo ello, exige que se mantenga el espíritu de consenso del Pacto de Toledo, "pues las medidas del Gobierno perjudican a las personas más débiles y no se toma, ni una sola medida que afecte a los culpables de la crisis tan brutal que tenemos en estos momentos y que no son precisamente los trabajadores, ni los pensionistas y jubilados".