Un total de 27 personas, al parecer pertenecientes a un grupo organizado, han sido detenidas por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de León, como supuestas autoras de estafar cinco millones de euros a distintas compañías aseguradores simulando accidentes de tráfico.

Los detenidos, en el marco de la operación "Bernesga", presuntamente falsificaban documentación y partes de lesiones de las supuestas víctimas, según han informado hoy fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León. Entre los arrestados, se encuentran abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas encargados de dar cobertura legal a los partes médicos.

En total se han practicado cuatro registros, tres en domicilios y uno en un bufete de abogados, en los que se han intervenido, entre otros efectos, 262.000 euros, tres vehículos, dos de alta gama, un revólver, dos sellos de registro de los Juzgados de León y dos tampones médicos, entre otros objetos, como ordenadores.

La operación se inició hace seis meses, cuando los investigadores recibieron informaciones de que un bufete de abogados de la capital leonesa estaba supuestamente implicado en una organización dedicada a simular accidentes de tráfico con el fin de estafar a las compañías aseguradoras.

Las primeras investigaciones corroboran la información recibida por el alto nivel de vida que llevaban varios de los miembros de la organización, así como por el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el referido bufete. Los presuntos autores de los hechos conformaban una organización criminal debidamente estructurada y jerarquizada, compuesta por más de 30 personas que desarrollaban individual y conjuntamente tareas delictivas en función de la actividad profesional de cada uno de ellos, y se dedicaban a estafar a distintas compañías de seguros.

La investigación llevada por la Policía, conjuntamente con funcionarios adscritos al servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de León, determinó que la organización criminal comenzó su andadura  delictiva a primeros de noviembre de 2009, si bien fue durante los años 2011 y 2012 cuando su actividad delictiva se vio acrecentada.

Sólo durante el año 2012, la organización abrió más de 170 cuentas bancarias, que presuntamente utilizaban para los ingresos de las indemnizaciones que recibían los accidentados de las aseguradoras. En esos dos años el montante estafado a las distintas compañías aseguradoras ronda los 5 millones de euros, de los cuales se han recuperado 272.000 euros y parte de la cantidad restante ha sido blanqueada con la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama.

El supuesto cabecilla de la organización es un abogado de 31 años, quien siguiendo un sencillo método de ejecución, como si se tratase de un accidente ocurrido de forma fortuita, efectuaba los distintos partes de accidentes falsos. Su mano derecha al parecer era un funcionario de los Juzgados de León, que se encargaba de dar una mayor celeridad a los procedimientos judiciales que resultaban de interés para la comisión de sus fines delictivos, fotocopiar documentos, sustraer efectos o sellos timbrados, además de encargarse de la captación de otros componentes de la organización.

Entre los presuntos implicados se encuentran además otros abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas, dedicados a dar cobertura legal a las lesiones mientras en un último nivel estarían otras personas captadas para ir a bordo de los vehículos.