“Son absolutamente insuficientes. Para la situación que tenemos ahora es seguir haciendo la técnica del avestruz”. Es la respuesta que da Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuando se le pregunta su valoración sobre las medidas que ha planteado este viernes el Gobierno en relación a las hipotecas. El Ejecutivo ha avanzado que elevará a tres los impagos para las ejecuciones hipotecarias y que limitará los intereses de demora.

Estas iniciativas son las primeras que anuncia el Gobierno después de que este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinase que la legislación española sobre desahucios es abusiva y no garantiza la protección de los ciudadanos. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agregado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha creado un grupo de trabajo que analizará las reformas que hay que llevar a cabo para adaptar el derecho nacional a lo establecido en la sentencia.

“Hay una ILP encima de la mesa que aborda las situaciones de emergencia que se están dando en el país y para nosotros eso es lo que inmediatamente se tiene que aprobar. Ya”, afirma Mayoral, en referencia a la Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma presentó en el Congreso con el apoyo de un millón y medio de firmas. “Lo demás son paños calientes y mirar para otro lado en un problema muy serio”, agrega.

El abogado apunta que esa aprobación acabaría con las deudas perpetuas de las personas que tengan procedimientos de ejecución hipotecaria y garantizaría la posesión de la vivienda de aquellos que sufran esos procedimientos, con medidas como el derecho al alquiler social. Eso es lo que, en su opinión, se debería “hacer cuanto antes”, a la vez que se paralizan todos los desahucios, “porque el procedimiento en sí mismo ha sido declarado ilegal”. “Esperamos que los jueces lo hagan de oficio”, indica.

A continuación sería el momento de profundizar en todos los cambios necesarios “para reconstruir el derecho a la vivienda y los derechos de los ciudadanos en los procedimientos judiciales”. “Tienen un serio problema porque hay una situación absoluta de inseguridad jurídica para todas las personas que han sufrido procedimientos de ejecución hipotecaria desde el año 93”, apunta el letrado.

Los abogados de la PAH tienen previsto reunirse este fin de semana para, en aplicación de la sentencia del tribunal europeo y otras previsiones jurídicas, estudiar qué iniciativas se pueden plantear y poner al servicio de los afectados herramientas jurídicas que les permitan defenderse “frente a las entidades financieras”.

Paralelamente a ese encuentro de sus asesores jurídicos, la plataforma mantiene las movilizaciones. Este viernes, por ejemplo, decenas de personas han continuado con la campaña para acercar la realidad de los desahucios a los políticos del Partido Popular y conseguir que apoyen la tramitación en el Congreso de la ley que pretende paralizar los desalojos y aprobar la dación en pago. "¿Por qué no votas a favor en el Congreso?", es la pregunta que la PAH lanzaba a las puertas de la casa del diputado popular Jorge Moragas en Barcelona (ver vídeo arriba).

A su vez, la Plataforma d'Afectades por Hipoteques de Valencia aseguraba que la próxima semana llevará sus asambleas "al entorno" de los parlamentarios valencianos del PP en la Cámara baja, para informarles sobre la situación de las familias desahuciadas. La PAH pretende llevar sus asambleas "a los lugares por donde transitan" los diputados de los partidos que no apoyan la ILP, "donde viven, donde compran, donde se toman un café, donde compran la prensa, donde pueden dar un pequeño paseo" y también aspira a "concienciar a su vecindario", todo ello "de forma pacífica".