El Gobierno de la Región de Murcia se ha felicitado por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la legislación española sobre desahucios, al considerar que es "un paso más para resolver uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad española en este momento".

Así lo ha hecho saber el portavoz del Ejecutivo murciano, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha analizado en su reunión de este viernes la sentencia echa pública este jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Y es que cabe recordar que TJUE dictaminó este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

Ballesta ha mostrado su apoyo a la iniciativa que las Cortes españolas están tramitando en este momento con el "proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios".

El portavoz ha añadido que el Gobierno murciano considera importante que esta Ley "incorpore algunos aspectos absolutamente esenciales para resolver y paliar esta situación dramática que viven muchas sociedades españolas".

A su juicio, deben limitarse "los intereses de demora de los préstamos hipotecarios", a los que "debe de ponerse un límite". Asimismo, cree que debe ampliarse "el número de meses de impagos que permitan iniciar el proceso de reclamación de las deudas".

Igualmente, el Gobierno murciano apuesta por limitar el plazo máximo de las hipotecas, y cree que "deben darse más garantías a los deudores en los procedimientos de subastas". De la misma forma, considera que deben de elevarse los umbrales que existen en este momento y que dan derecho a acogerse a las medidas contra los desahucios.

Asimismo, apuesta por crear un fondo social de viviendas para estos colectivos más vulnerables, "tal y como estamos haciendo en la Región de murcia".

Ballesta ha remarcado que las cosas "no son justas porque sean leyes, sino que deben de ser leyes porque son justas", que "es algo muy distinto".

"En un país como España, donde existe un a importante cultura de pago y donde la morosidad hipotecaria no supera apenas el tres por ciento, creo que hay razones de autoridad moral suficientes para alcanzar un equilibrio entre esa demanda social y, desde luego, evitar que esta medida suponga encarecer o restringir las posibilidades de crédito para la compra de vivienda que en un futuro puedan tener los españoles", ha aseverado Ballesta.