El Gobierno regional ha suprimido ocho entes públicos como parte de su plan de ajuste y reestructuración para hacer frente a la contención del déficit autonómico, y sus funciones serán asumidas por la propia Comunidad Autónoma, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, José Ballesta, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En concreto, el Consejo de Gobierno, en su reunión de este viernes, ha decidido suprimir la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A.; Industrial Alhama S.A.; la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia S.A. (Giscarmsa); la Fundación Parque Científico de Murcia; la Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM); la Fundación Tutela Judicial de Adultos; la Fundación Alzheimur; y el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca.

Estas medidas están incluidas en un decreto aprobado por el Gobierno regional a propuesta de la Consejería de Economía, con el fin de lograr la racionalización del sector público en la Región de Murcia.

Ballesta ha recordado que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que tiene su origen en el Pacto de estabilidad presupuestaria, que incluso originó una modificación de la Constitución Española, obliga a las comunidades autónomas a una serie de compromisos, entre los que se sitúa "la reestructuración del sector público de las comunidades".

El Consejo de Gobierno ha analizado ese sector público y, a propuesta de la Consejería de Economía, se han decidido los criterios que han de aplicarse en esa racionalización del sector público.

En primer lugar, desde el punto de vista jurídico, la participación de la Comunidad Autónoma en esos entes suprimidos debía permitir "la adopción de la medida de su supresión o extinción".

Asimismo, Ballesta ha explicado que los fines u objetivos del ente tenían que poder ser asumidos por otros entes del sector público de la comunidad autónoma, puesto que "se suprime el ente pero no la función, que pasa a otro ente preexistente".

Además, la Consejería ha tomado la decisión siguiendo como criterio que, en otro momento de la historia de la Comunidad, esos fines y objetivos "hubieran sido prestados por la Administración general de la Comunidad Autónoma, y se decidirá con posterioridad realizarlos por un ente fuera de la Administración general de la Comunidad".

Es decir, Ballesta ha explicado que esas funciones eran desempeñadas por la Comunidad, luego se creó el ente y ahora "vuelven a la Administración que, en su momento, desarrollaba esas funciones".

El decreto aprobado supone el cese de las actividades de una serie de órganos y entes, cuyos fines y objetivos pasarán a ser asumidos por otros servicios y personal de la Comunidad, y otros entes integrantes del sector público.

Así, van a cesar en sus actividades la Sociedad Pública del Suelo y Equipamientos Empresariales de la Región de Murcia S.A. e Industrial Alhama S.A., cuyas fines y objetivos son asumidos por el Instituto de Fomento (INFO).

También han cesado la Gestora de Infraestructuras Sanitarias de la Región de Murcia S.A., y sus actividades son asumidas directamente por el SMS. La Fundación Parque Científico de Murcia también cesa sus actividades, que van a ser asumidas por el INFO.

La Fundación Agencia de Gestión de la Energía (ARGEM) también cesa, y sus funciones van a ser asumidas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas; al tiempo que es cesada la Fundación Tutela Judicial de Adultos, cuyas funciones van a ser asumidas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

El Gobierno regional también suprime la Fundación Alzheimur, cuyas funciones van a ser asumidas por la Consejería de Sanidad y Política Social; así como el Consorcio Universitario para el Campus de Lorca, cuyas funciones van a ser asumidas por la Dirección General de Universidades y Política Científica.

Ballesta ha explicado que el decreto que suprime estos entes "será complementado con una proposición de ley que, en su momento, desarrollará el Grupo Parlamentario Popular".