El Parlamento de Andalucía ha rechazado este jueves, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a abonar un total de 28.000 euros por hectárea a las sociedades cooperativas e individuales que abandonaron hace 16 años los cultivos en la zona de Doñana para acogerse al denominado Plan Almonte Marismas.

Además, según el resultado de la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, la Cámara autonómica también ha rechazado incluir en los proyectos de presupuestos generales de la Junta las partidas necesarias para el abono del 25 por ciento anual de dicha cantidad, a fin de que se les pueda liquidar en cuatro años.

Para el PP-A, tal y como ha defendido el diputado Manuel Alberto Fernández Rodríguez, el rechazo por parte de IULV-CA y PSOE-A a que los agricultores que se acogieron al plan de retirada de cultivos se les abone 28.000 euros por hectárea abandonada es la confirmación de "un agravio" que se viene manteniendo durante más de 16 años, ya que, aunque el "PSOE-A insista en que fue un plan al que se adhirieron libremente", lo cierto es que con estos cooperativistas "no ha habido justicia".

"Lo que pretendemos es algo tan básico como que a todos los ciudadanos se les trate por igual, porque a los que se acogieron a la retirada no se les ha tratado igual", ha recalcado Fernández en distintas ocasiones. Sobre todo, ha explicado, porque cuando en 1997 se firmó el Plan Almonte Marismas se fijaron unas condiciones que "no se han cumplido de manera alguna" y que han provocado un "trato desigual" para los más de 160 cooperativas (que representan a unas 700 personas) que se acogieron a la retirada, que han visto como los que se quedaron cultivando "han especulado de forma pura y dura" con los terrenos mientras la Junta "no miraba o miraba para otro lado".

Como ejemplo de esto, y tras advertir que "solo 29 cooperativas" decidieron quedarse ante las "condiciones tan duras" que la Junta presentó entonces y que "obligó a abandonar" al resto, el portavoz del PP-A ha asegurado que de las "ocho empresas cooperativas que siguieron seis las han vendido, y que de los 21 agricultores con empresas a título individual, 20 se han vendido" sin cumplir los plazos inicialmente previstos para ello.

Es por ello por lo que el PP-A calcula que "la diferencia entre los que se quedaron y los que optaron por la retirada comprende un diferencial de beneficio de aproximadamente 28.000 euros por cada hectárea a favor de los que se quedaron" y reclama al Parlamento su apoyo para instar a la Junta a su pago.

Amplio debate de la iniciativa

Sin embargo, PSOE-A e IULV-CA han rechazado esta proposición no de ley al entender la primera formación que no es "seria ni rigurosa" la propuesta de los 'populares' y, la segunda, que el PP-A no debe imponer condiciones previas a la celebración de una comisión con los afectados.

El socialista Miguel Castellano Gómez ha reprochado al PP-A que se suba a la tribuna del Parlamento rechazando ahora un "acuerdo que votó" en el 97 y que consiguió la unanimidad de la Cámara autonómica y que, además, pretenda que el resto de grupo acepten "las cuentas que traen hechas del agravio por hectárea" sin consultar a nadie más.

Castellano, que también ha recordado que acogerse a la retirada de cultivos fue algo voluntario y que los que decidieron irse obtuvieron subvenciones y ayudas de la Unión Europea, ha justificado su rechazo a la iniciativa del PP-A en que no quiere que "se utilicen de forma demagógica los problemas de los andaluces".

También la diputada de IULV-CA María Dolores Quintana —que ha admitido, no obstante, que ha habido un "trato desigual" entre los que abandonaron los cultivos y los que se quedaron— ha afeado al PP-A que haya calculado sin "consensuarlo" con los afectados el precio de la hectárea abandonada y, ante ello, ha presentado dos enmiendas para que, de un lado, "no se pusiera de antemano precio y nombre y apellidos" a las cantidades a recibir por cada agricultor y, de otro, no se circunscriba a un límite temporal de cuatro años el pago de la indemnización, sino que lo decida una comisión técnica

Fernández, en su réplica, ha explicado que no aceptaban dichas enmiendas porque IULV-CA no quería que en dicha comisión técnica hubiera un representante de cada grupo político ni ponerle una fecha de inicio y por su rechazo a concretizar los plazos de pago. "Nos dijo IU que en los futuros presupuestos ya se verá qué se incorpora, y nos negamos, porque después nos tiramos otros 20 años esperando a que se les pague lo que la Junta les debe", ha argumentado.

Críticas a valderas

Con todo, las críticas más contundentes del PP-A han sido para el vicepresidente Diego Valderas, que escuchaba desde su sillón la intervención de Fernández. A él le ha enseñado un escrito "sorprendente" que los cooperativistas afectados han firmado y en el que lamentaban que, en una reunión mantenida con él el pasado 2 de octubre, Valderas les dijera que se negaba "tajantemente a apoyar una proposición no de ley del PP-A dijera lo que dijera" en ella.

Ante ello, el 'popular' ha recriminado, usando las palabras de los afectados en el referido escrito, que Valderas "se pervierta tanto" habiendo sido con anterioridad a entrar en el Gobierno su "máximo defensor". "A su grupo le pido la abstención y que siga manteniendo la coherencia pese al sillón verde. Pero por tres sillones verdes parece que ha alquilado ya todas sus banderas", le ha echado en cara.