El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, José Ramón Barroso, ha presentado este jueves un escrito en la Dirección Territorial de Educación del Gobierno de Canarias para exigir el cumplimiento "inmediato" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula el Decreto 74/2010, que regula las listas de empleo de Educación, Sanidad y Administración general.

"Fallo del TSJC estipula la nulidad total del Decreto 74/2010, que era el que regulaba las listas de empleo en el ámbito tanto sanitario como de la Administración general como en el docente", subrayó en declaraciones a los medios.

Este fallo, añadió, implicará la nulidad de "todas" las órdenes que ha ido desarrollando dicho decreto. Así, Barroso explicó que lo que ha valorado el TSJC "es la vulneración de la negociación colectiva" principalmente, lo que consideró "genera escuela" a nivel nacional porque "hace valer el derecho a la negociación colectiva".

Al respecto, apuntó que esto implica que si en la mesa general de negociación de empleados públicos se ha llegado a un acuerdo y se ha permitido la negociación colectiva, y la "administración, por lo que fuese, quisiera modificar ese acuerdo pactado con los empleados públicos, tiene que volverlo a llevar a la mesa e informarle a los sindicatos", lo que en el caso denunciado —regulación de las listas de empleo—, subraya, "no ocurrió".

Agregó que se hicieron modificaciones unilaterales por parte del Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, publicándose posteriormente en el Boletín Oficial de Canarias, "y eso es lo que defiende CCOO, que se ha vulnerado la negociación colectiva, en concreto, en algún articulado".

En este sentido, explicó que principalmente la disconformidad se encontraba en el apartado de la situación de desempate sobre el que en la mesa de negociación de empleados públicos se había pactado que en caso de desempate la experiencia docente daría "la posición de beneficio", sin embargo la Administración general de Canarias "lo que puso finalmente fue la nota de oposición sin contar con los sindicatos".

Asimismo, indicó que se pidió que se tuvieran en cuenta, por este orden, los criterios como la experiencia, la nota de oposición, la formación e informe de la evaluación del docente pero, afirmó, que se "obviaron las dos últimas".

Consecuencias inmediatas

En cuanto a las consecuencias inmediatas que debe tener la aplicación del fallo de la sentencia del TSJC se centra en que se debe volver a la regulación anterior de las listas de empleo, que sería la de agosto de 2003.

Esto implicará que habrá que "retrotraerse a esos momentos y a esa forma de organizar las listas".

Además, se exige que la sentencia sea ejecutada "en todos sus términos", así como que se siente a negociar la Administración general de Canarias "de inmediato" aunque para ello se solicita la paralización del proceso de oposiciones de Educación "hasta que no se tenga regularizada las listas de empleo".

En relación a las listas de empleo, Barroso matizó que habrá que regularlas nuevamente y en este sentido se refirió a las personas que se presentaron a las oposiciones de Educación Secundaria en 2010, sobre los que dijo que se pide que los 'expulsados', "vuelvan a ser readmitidos en lista" para lo que reconoce que habrá que negociar cómo se admite a estos profesores en lista.

De este proceso, puntualizó, que se podrían ver afectadas unas 300, 400 personas de Secundaria.

Por otro lado, también solicitan que la situación de Canarias "se iguale" con la de otras comunidades con el mismo número de población y alumnado, entre las que citó a Castilla-La Mancha y el País Vasco, ya que aseguró que ellos disponen actualmente de 7.000, 8.000 docentes más que Canarias.

Por ello, plantean que se abra la oferta de empleo público para que entre tres y cuatro años haya en Canarias, "al menos, unos 6.000 docentes más para equiparse a esa situación y mejorar la calidad educativa" en el archipiélago.

Barroso también matizó que el ámbito más afectado es educación porque sanidad y administración general "no les afectaba claramente" el Decreto en las listas.

Finalmente, Barroso puntualizó que las "únicas" tesis que ha valorado el TSJC son las defendidas por CCOO Canarias porque fue quien interpuso la demanda en octubre de 2010 a pesar de que "hay otros sindicatos como el STEC que dicen que han valorado sus tesis cuando realmente no han puesto ningún recurso".