El conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, Felip Puig, ha negado que el Govern catalán sea "insumiso" y "desacate" las sentencias sobre las multas lingüísticas en los rótulos de los comercios.Y ha anunciado que el Govern retirará las sanciones lingüísticas a los establecimientos que no rotularon en catalán anteriores al año 2010.

Puig ha hecho estas afirmaciones en la sesión de control del Govern de este miércoles en el Parlament de Catalunya, cuando la diputada de Ciutadans (C's) Inés Arrimada ha acusado al ejecutivo catalán de "insumisión" ante diferentes sentencias en esta materia dictadas previamente por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Arrimada ha reclamado que se suprima "de una vez la multa de la vergüenza".

La diputada de C's cree que las multas lingüísticas relacionadas en algunos casos con la rotulación en catalán de comercios suponen "un atropello y un ataque a la libertad de expresión y a la propia democracia". El conseller Puig, por su parte, en respuesta a la diputada, ha asegurado que el Tribunal Constitucional "no dijo que no se podía sancionar. Sólamente dijo que tenía que haber una mayor seguridad jurídica".

Un juzgado anuló el pasado 1 de marzo por vez primera una de estas multas. El Tribunal Constitucional, por su parte, dictó una sentencia el 1 de octubre de 2012 en la que anulaba el artículo 30 del código de consumo catalán de 1993 en la que se podía multar a los comerciantes. El Parlament redactó un nuevo código de consumo en 2010 que igualmente fue recurrido ante el Constitucional, que sigue aún en vigor.

Para Puig dicho código no es nada nuevo, puesto que "todos los países tienen normas de protección de los derechos lingüísticos", ha dicho. Puig además, ha invitado a C's a trasladar esta "obsesión" al Congreso de los Diputados y a todos los parlamentos europeos.

Según datos de la Agencia Catalana de Consumo, durante el 2008 se impusieron 209 multas ateniéndose de la ley del código de consumo de 1993. El importe de las sanciones iba de los 1.200 a los 10.000 euros dependiendo de si eran infracciones leves o graves.

En 2011 se interpusieron 226 sanciones por multas lingüísticas con las que el Govern ingresó 126.000 euros. La cifra fue la más alta impuesta desde el año 1998.