El Área de Derechos Sociales de la Diputación de Málaga apuesta por obtener una mayor rentabilidad social de la residencia San Carlos de Archidona (Málaga), de manera que el centro pueda ser usado por más ciudadanos. Para ello, ha ofrecido al Ayuntamiento colaboración y búsqueda conjunta de soluciones.

El objetivo es aprovechar mejor un equipamiento público con gran arraigo en el municipio y que está infrautilizado por la falta de certificación oficial de la Junta de Andalucía, según ha señalado en un comunicado la vicepresidenta de la Diputación y responsable de Derechos Sociales, Ana Mata.

Ha recordado que San Carlos atiende a 31 usuarios a pesar de que cuenta con 61 plazas y ha planteado al Gobierno regional el compromiso de convenio para que el centro tenga mayor rentabilidad social y económica en virtud de la Ley de Dependencia.

"El Ejecutivo andaluz se escuda en la falta de presupuesto para no conveniar la residencia a pesar de que es su responsabilidad", ha dicho. En concreto, está pendiente del plan de adecuación para la acreditación y posterior convenio.

Actualmente, los 31 usuarios de San Carlos reciben atención exclusiva de la Diputación, a pesar de que la competencia es autonómica. Mata, que ha garantizado que la institución seguirá atendiendo a estas personas y a las que están en las otras residencias de la provincia, ha reclamado a la Junta apoyo presupuestario en virtud de la Ley de Dependencia para mejorar la cobertura y la rentabilidad social de estos centros.

El objetivo que persigue la Diputación, según Mata, es tener más ocupación de usuarios dependientes, de manera que se aproveche toda la capacidad de la residencia, por un lado, y también albergar otros servicios municipales que sean compatibles con la actividad del centro, por otro.

"Sin el apoyo presupuestario de la Junta, en un contexto de ajuste presupuestario, lograr esta viabilidad no es fácil, pero la Diputación tiene la firme intención de lograrlo y trabaja por ello continuamente", según la vicepresidenta.

Mata ha recordado que la Ley de Dependencia, aprobada en 2006, regula las prestaciones del sistema y el catálogo de servicios, así como los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración y el procedimiento del derecho a las prestaciones, "lo que contrasta con la actitud actual de la Junta, que se niega a cumplir las normas".

En lo que respecta a los puestos de trabajo estructurales, la vicepresidenta ha garantizado que están asegurados "incluso si la Junta de Andalucía continúa con su negativa a certificar las residencias y adaptarlas a los estándares que marca la Ley".

Por último, la responsable de Derechos Sociales ha reiterado al Ayuntamiento de Archidona su ofrecimiento a trabajar conjuntamente para que la residencia San Carlos siga siendo un referente de la atención social en la provincia.