El que fuera jefe del Servicio Técnico de Gestión Patrimonial de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado hasta febrero de este año, Rafael Pedro Fernández Guerrero, ha afirmado que los pliegos elaborados para los acuerdo marco de homologación de material de mobiliario y de suministros no admitían elementos subjetivos. "El sistema se basaba en elementos objetivos", ha insistido, argumentando que todos los proveedores se presentaban en igualdad de condiciones.

Fernández Guerrero ha comparecido este miércoles en la comisión de la Junta General del Principado de Asturias que investiga el caso 'Marea', la presunta trama de corrupción en la contratación pública que afectó al anterior gobierno asturiano de signo socialista y que mantiene imputados a exaltos cargos y empresarios de la región .

El exjefe de servicio ha participado en procesos de homologación de 2003 hasta 2011, formando parte de algunas mesas de contratación. A la hora de homologar materiales, ha explicado que tenían que velar por que fuese el adecuado y tuviese los requisitos de calidad para la Administración. Pero además, uno de los aspectos que encarecía el producto era las exigencias de "ergonomía" que marcan desde Riesgos Laborales. "Esto hacía que una silla pudiese costar 400 euros, aunque pueda sonar escandaloso", ha manifestado.

Tras insistir en el carácter objetivo también de las puntuaciones, Fernández Guerrero ha explicado que no es extraño que empresas como Almacenes Pumarín (APSA) o Igrafo, cuyos responsables están imputados en este caso, acumulasen muchos contratos, dado que se trata de compañías con una amplia trayectoria. Se trataba de empresas potentes del sector y cumplían los requisitos marcados por el Principado para que pudieran suministrar material con rapidez y en cualquier punto de Asturias.

"Yo puedo pedir a empresas diez bolígrafos inmediatamente para Cangas del Narcea y no todas las empresas son capaces de hacerlo", ha señalado. Por su parte, en el caso del mobiliario "hay fabricantes que no quieren que cualquiera distribuya sus productos", ha explicado.

A la hora de concurrir, las empresas tenían que entregar un catálogo de precios oficiales, de forma que la Administración comprobase que la oferta estaba por debajo. "Además se hacían chequeos sobre los precios", ha indicado.

Ha negado haber recibido regalos de APSA o de Igrafo y ha indicado que la relación con los representantes de esas compañías era "puramente profesional". Preguntado sobre si conocía a la funcionaria Marta Renedo, también imputada, ha explicado que estuvo con ella una vez.

Arquitecto de formación, fue jefe de servicio desde 2002 hasta febrero de este año, cuando fue cesado. Al ser preguntado por las razones del cese, Fernández Guerrero ha dicho que lo entiende como una cuestión "absolutamente normal", porque su puesto es de libre designación. "Es un proceso de reestructuración, se entendería que necesitaban otro perfil", ha apuntado el exjefe de servicio.

En la sesión de este miércoles también ha comparecida la que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Economía y Hacienda del Principado en el periodo 2004-2011, Generosa Fernández. Pero ha dejado claro a los miembros de la comisión que ella no intervenía en esos procesos para nada. "Era competencia de la dirección general de Patrimonio", ha manifestado.

Preguntada por si deberían tomarse alguna medida relativa a los contratos menores, Generosa Fernández ha dicho que, en su opinión, es "difícil" equilibrar más controles con la agilidad necesaria que se busca con este tipo de contratos.