Los sindicatos elevan a un 40% el seguimiento de la huelga del profesorado en la enseñanza pública de Baleares

Los sindicatos STEI Intersindical, FETE-UGT, ANPE y FECCOO elevan a un 40% el seguimiento de la huelga en la enseñanza pública de Baleares por parte del profesorado, lo que se traduce en que habría sido secundada por un total de 3.600 docentes de Primaria y Secundaria.

Los sindicatos STEI Intersindical, FETE-UGT, ANPE y FECCOO elevan a un 40% el seguimiento de la huelga en la enseñanza pública de Baleares por parte del profesorado, lo que se traduce en que habría sido secundada por un total de 3.600 docentes de Primaria y Secundaria.

Así, este dato contrasta con los datos ofrecidos por la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, Margalida G. Pizà, quien ha cifrado en un 23,2% el seguimiento de la huelga, de manera que ha detallado que en Mallorca, ha participado un 25,1% de los docentes, porcentaje que se sitúa en un 14,8% en Menorca, un 19,1% en Ibiza y un 23,1% en Formentera.

Por su parte, más de medio millar de personas, entre profesores, padres y madres y alumnos se han concentrado este mediodía frente a la Conselleria de Educación y han leído un comunicado en el que han manifestado su "total y absoluto rechazo y desacuerdo con la política represiva y de recortes que hace el Govern hacia la educación pública y el profesorado".

Mediante el citado manifiesto, los sindicatos consideran "inaceptable" la reducción de los presupuestos en educación que se ha realizado a lo largo de los últimos años, al tiempo que censuran que "estamos en manos de un Ejecutivo que ha sido, hasta ahora, incapaz de escuchar las demandas que se le han hecho, de manera reiterada, desde todos los ámbitos de la comunidad educativa y que se ha mostrado del todo insensible a las necesidades reales del sector".

Asimismo, se han mostrado "totalmente decepcionados" de la actuación de la Conselleria dirigida por Rafael Bosch en la Mesa Sectorial durante el trámite de los borradores de la Ley de Convivencia y del Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas.

En este sentido, denuncian el "desprecio" de la Conselleria hacia sus trabajadores, al "no haber tenido en cuenta" las alegaciones y enmiendas conjuntas que presentaron los sindicatos a los dos citados decretos.

"No estamos de acuerdo con unas medidas que están encaminadas a preparar el terreno al proyecto de reforma educativa LOMCE, que busca acabar con el modelo educativo actual y convertir la escuela pública en una red de cariz puramente asistencial, dejando paso libre a la iniciativa privada", han sostenido.

Además, los sindicatos han recalcado que están "hartos" de los intentos que se hacen desde muchos ámbitos del Govern de "criminalizar la tarea de los docentes, y de estimular una confrontación constante en el ámbito educativo".

Al mismo tiempo, reprueban que el Decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas no ha sido consensuado con ningún miembro de la comunidad educativa y sitúa las tres lenguas (catalán, castellano e inglés) en un mismo plan de igualdad, "ignorando por completo nuestra realidad sociolingüística".

Exigencias al govern

Por ello, exigen a Bosch que escuche el "clamor" del 87% de familias que, el curso pasado, eligió el catalán como lengua de primer aprendizaje, al tiempo que reclaman la eliminación de la "vergonzosa" exigencia de un 65% de votos favorables del censo de las familias para elaborar los nuevos proyectos lingüísticos.

Los sindicatos, que han convocado otra jornada de huelga el 20 de marzo, también piden que "se paren los ataques a la lengua catalana" y reclaman al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, que convoque el Consejo Social de la Lengua Catalana y que se ponga en marcha el nuevo Plan de Normalización Lingüística que se elaboró a lo largo de la pasada legislatura.

Por otro lado, reclaman que el Ejecutivo balear "dedique sus energías" a buscar medidas para recuperar las plantillas de hace tres cursos, a la vez que exigen soluciones a la "carencia de liquidez" de los centros educativos, que provocan que tengan que trabajar "en condiciones, a menudo, penosas debido a la falta de recursos".

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