Este aumento de plantilla, que se tendrá que realizar de forma progresiva y consensuada entre DGA, empresas y sindicatos, servirá en parte para aliviar la carga de trabajo que ya soportan muchas de la familias debido a la escasez de apoyos públicos. «Ahora mismo sólo reciben ayudas unas 8.000 personas dependientes de las más de 40.000 que hay en Aragón», explica Julián Buey, de CCOO.

En la actualidad trabajan en la comunidad en el sector de la asistencia a enfermos dependientes (tanto público como privado) más de 55.000 personas, entre sanitarios, personal de servicios sociales y empleados del hogar. La mayoría de ellos son mujeres y en el sector de la ayuda a domicilio la mitad de los asalariados (son más de 16.000 en toda la comunidad) ya son inmigrantes.

La puesta en marcha de la nueva Ley de la Dependencia, que ahora mismo se está tramitando en el Senado, pretende cubrir las necesidades de las personas de gran dependencia en el plazo de un año y  las del resto de enfermos en un máximo de ocho años.

Alta temporalidad

Los responsables de CCOO reclaman que los trabajadores de asistencia a enfermos dependientes ofrezcan una atención más integral y piden para ello que se mejoren sus condiciones laborales. La mayoría de los empleados son mujeres (entre un 73% y un 91%, según el sector) con una alta tasa de temporalidad y un salario que en la ayuda a domicilio se sitúa en el mínimo interprofesional (540 euros al mes).

Piden más calidad e inspecciones

El problema de las personas dependientes es aún mayor en la comunidad aragonesa, donde el porcentaje de población envejecida es superior a la media española. Para mejorar la asistencia, CCOO reclama una gestión e inspección más profundas por parte de la Administración, piden que se garantice la calidad de los servicios prestados (tanto en el sector público como en el privado) y exigen que se regule adecuadamente la figura del asistente personal a personas dependientes, diferente a la del cuidado no profesional.