El Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba ha dictado una providencia mediante la que ha admitido a trámite la propuesta de convenio para la venta de la rama productiva de Laboratorios Pérez Giménez, presentada en su día por el administrador único de dicha farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), Sergio Martínez, y cuyo objetivo es asegurar la continuidad de la empresa, mantener el empleo en la misma y pagar a los acreedores.

Según se recoge en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, los administradores concursales dispondrán desde ahora de un plazo improrrogable de diez días para emitir su evaluación sobre esta propuesta de convenio, a la que habrán de atenerse las ofertas de compra que se presenten, como la ya registrada por Gesfacor, y que habrán de estudiar también los citados administradores concursales.

Por otro lado, al margen de la citada evaluación de los administradores concursales, la propuesta de convenio no podrá salir adelante sin la adhesión a la misma de la mayoría de los acreedores, los cuales tendrán de plazo hasta el próximo 11 de abril para adherirse a la propuesta de convenio, en la cual se destaca que tiene como principales objetivos "mantener la continuidad de la empresa y, por tanto, el mayor número de puestos de trabajo", buscando también que todos los acreedores, cualquiera que sea su clase y naturaleza, "perciban la mayor parte posible de sus créditos".

Así se recoge en dicha propuesta, a la que también accedió Europa Press y cuya premisa es la mencionada venta de la rama productiva de la factoría a un inversor para, con el dinero obtenido, iniciar el pago de la deuda, de unos 50 millones de euros. En ese escenario, el administrador único, Sergio Martínez, mantendría el control sobre la comercialización de medicamentos, que no sobre su producción, que corresponderá al nuevo inversor, el cual, según la propuesta, asumirá también los contratos de los trabajadores.

En relación con la venta de la rama productiva, en la propuesta se recoge que la sociedad de Laboratorios Pérez Giménez, que controla Martínez, "ha venido manteniendo contactos con distintos inversores nacionales e internacionales, que han mostrado interés en la adquisición de la rama (productiva)", de modo que, "tan pronto como este convenio sea admitido a trámite", como ya ha ocurrido, la intención de Martínez es que, de común acuerdo con la administración concursal, se promuevan "los trámites previstos en el articulo 43.2 de la Ley Concursal para la venta directa de la rama, antes de que devenga firme la sentencia de aprobación del convenio, a aquel inversor más idóneo que seleccioné" Laboratorios Pérez Giménez "de entre los que en ese momento hayan mostrado interés firme por la rama".

Precisamente, un grupo inversor andaluz, Gesfacor, ya presentó en el juzgado su oferta de compra, de 6,5 millones de euros, por la unidad productiva de la farmacéutica, proponiendo también la subrogación de los créditos hipotecarios que pesan sobre la empresa y adquiriendo el compromiso de invertir entre seis y diez millones de euros en el nuevo proyecto. Sin embargo, esta oferta está sujeta a que los administradores concursales permitan una auditoría de compra.

En relación con esta oferta y en rueda de prensa ofrecida el pasado 1 de marzo, el secretario de la sección sindical de UGT en la empresa, José Ruiz, y el secretario de Organización de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT en Córdoba, Pedro Téllez, ya manifestaron su deseo de que, después de dos años y medio de incertidumbre y dificultades, esta propuesta permita superar una situación que ha llevado a que la empresa deba a los trabajadores diez nóminas, las cuales esperan cobrar "en dos o tres meses", si es que el Juzgado de lo Mercantil acepta tramitar la propuesta de convenio, como así ha hecho, y se adhieren a la misma más del 50% de los acreedores de Pérez Giménez.

Téllez señaló entonces que la oferta de compra de Gesfacor, vinculada a la propuesta de convenio que ahora se tramita, "puede facilitar el mantenimiento del 100% de la actividad productiva y de la mayor parte" de los 180 puestos de trabajo, "y además con los derechos actuales", añadiendo además el sindicalista que "siempre es mejor conveniar que liquidar" la empresa, pues ello no garantiza la continuidad de la misma ni el cobro de los salarios adeudados, que se puede retrasar hasta un año.

Por eso, desde UGT se pidió al Juzgado de lo Mercantil que admitiese, como ahora ha hecho, la propuesta de convenio, "para que la mayoría de los acreedores se adhieran y el administrador único, junto con los administradores concursales, venda la unidad productiva de los laboratorios a una empresa del sector, a un inversor tecnológico con una capacidad de trabajo enorme, que sabe lo que hace y que conoce lo que pretende comprar", pues, de hecho, Gesfacor ya ha trabajado antes con Pérez Giménez, y llega ahora "con una carga de contratos interesante", según ha subrayado Téllez.