El Instituto Nóos acordó en 2004 solicitar una póliza de crédito por un importe máximo de 300.000 euros ofreciendo como garantía las futuras facturas que se girarían a la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia por la celebración del Valencia Summit, evento investigado en el marco del caso Nóos y por cada una de cuyas tres ediciones la asociación cobró 1,044 millones, a pesar de que los investigadores estiman en unos 300.000 euros el coste real de las mismas.

Así consta en el acta de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 19 de octubre de 2004, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que se acordó por unanimidad solicitar a La Caixa dicha póliza a un plazo de hasta doce meses, al tiempo que se facultaba a Diego Torres, en su calidad de vicepresidente de Nóos, para efectuar las gestiones necesarias y formalizar el contrato.

Para ello, el Instituto ofrecía como aval las facturas que cobraría la entidad en virtud del convenio de colaboración, rubricado tan sólo mes y medio antes -el 8 de septiembre-, firmado entre Nóos, Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) a pesar de que, según las pesquisas, los responsables de la entidad, con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y Torres al frente, comenzaron a trabajar meses antes en el proyecto.

El acta aparece firmada tanto por Urdangarin como por el exsecretario general de Nóos Miguel Tejeiro. En concreto, tanto Cacsa como la FTVCB intervinieron en la firma del convenio, en septiembre de 2004, y de dos addendas posteriores (2005 y 2006) para la puesta en marcha del evento Valencia Summit.

Precisamente, sobre una de las entidades firmantes, la Fundación Turismo, el Tribunal de Cuentas subraya, en un extenso informe de fiscalización de las fundaciones de ámbito local, al que tuvo acceso Europa Press, que más del 80 por ciento de los ingresos anuales que percibe son aportados por el Ayuntamiento de la capital levantina, determinando en su dictamen que se trata de una entidad integrante del sector público.

Una conclusión que contrasta con las declaraciones efectuadas hasta el momento por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien sostiene que se trata de una entidad privada que por tanto no estaba sujeta a las normas de contratación pública, al igual que determinaba un dictamen jurídico aportado al caso Nóos por el Duque de Palma, para intentar acreditar que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el evento deportivo.