El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha aclarado que esta institución no tiene intención ni puede fiscalizar a los familiares directos de los dirigentes políticos, dentro del Plan de Contabilidad para partidos, sino que estos deberán informar si realizan alguna operación con un familiar o con una entidad dirigida por un familiar.

Así lo ha explicado Álvarez de Miranda ante la Comisión Mixta Congreso-Senado que revisa la actividad del Tribunal y que este martes ha dado el visto bueno al Plan de Contabilidad para Partidos Políticos, cuya intención es "la integración de la contabilidad más completa y abarcando el mayor número de realidad económica afectada por la gestión del propio partido".

Esta pretensión, ha explicado el presidente del órgano fiscalizador, supone que los partidos deberán informar de las operaciones que puedan realizar con algún familiar de cualquiera de sus dirigentes, pero sólo en este caso. "No implica que haya propósito ni competencia de fiscalización sobre particulares", ha insistido.

"Si un partido tiene operaciones con partes vinculadas, es el partido el que, en función de una normativa general y que es aplicable, tiene la obligación de establecer información sobre esas operaciones", ha dicho, y ha puesto como ejemplo la venta de un edificio a un partido político. "La información veraz es un elemento al que no puede renunciarse, es necesario, es un elemento básico de lucha contra la corrupción", ha defendido.

Álvarez de Miranda ha dado estas explicaciones a petición de varios portavoces parlamentarios, que han considerado exagerada la interpretación que se ha dado al citado plan de contabilidad de que se podrían ver investigados los familiares próximos de los dirigentes políticos. "Ni le explico qué circunstancia se puede producir cuando un sobrino forma parte de la ejecutiva de otro partido político", ha bromeado el senador de CiU Ferrán Bel.

Hecha la aclaración, los partidos han respaldado el Plan de Contabilidad que ya les presentó el Tribunal en diciembre pasado. Empezará a aplicarse en 2014, siete años después de que lo reclamara la Ley de Financiación de Partidos, e incluirá la fiscalización de toda la actividad económica de las formaciones, incluyendo datos de sus fundaciones, de sus grupos parlamentarios y de sus dirigentes.

A petición del PP, el Tribunal deberá revisar la conveniencia de incluir en este plan las operaciones de las organizaciones locales de los partidos, "a la vista de las dificultades de orden práctico y jurídico que conlleva".