La Guardia Civil y la Policía Nacional nunca han tenido tantos casos de corrupción abiertos como en la actualidad. Exactamente hay 171 investigaciones en marcha, 112 por la Benemérita y 59 por la Policía, concretamente por la ya famosa Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), según datos facilitados por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en el Congreso de los Diputados. Tres de cada cuatro persiguen delitos de cohecho, malversación de fondos y prevaricación administrativa.

El 'caso Urdangarin', el 'caso Campeón' (que implica al exministro José Blanco), el 'caso Gürtel', la investigación sobre las supuestas cuentas en Suiza de Artur Mas y la familia Pujol, la investigación sobre el exmarido de la ministra Ana Mato, el 'caso Bárcenas', el caso de los ERE de Andalucía... los ejemplos son múltiples y el trabajo se ha disparado. Tanto, que la UDEF se encuentra desbordada y está derivando casos menores a las unidades provinciales de la Policía Judicial.

El ministro quiso recalcar una y otra vez la realidad que demuestran las estadísticas: que el 65% de los casos abiertos se han iniciado en los 14 meses de Gobierno del PP. De los 112 casos que lleva la Guardia Civil, 78 se han abierto en 2012 y 2013. Y de los 59 de la Policía, 36 desde que los 'populares' llegaron al poder. En 2010, por ejemplo, con el Ejecutivo socialista, solo se abrieron 13. Y en 2009, cinco casos.

"El ministerio no ordena las investigaciones, son los policías quienes investigan y recaban pruebas, quienes hacen su trabajo. Y si ahora hay más casos es porque estos son evidentes y las denuncias muy claras", señala un portavoz del sindicato SUP. Otro dato esclarecedor que demuestra el ingente trabajo que está suponiendo para el Estado luchar contra la corrupción política es que la Audiencia Nacional espera en la actualidad la respuesta de 27 comisiones rogatorias enviadas a otros países. Todas ellas vinculadas a casos de corrupción.

Las operaciones se han multiplicado, pero los efectivos policiales no. El catálogo de puestos de trabajo de la Policía Nacional cifra en unos 1.250 los efectivos que debe tener la comisaría general de Policía Judicial, de la que depende la UDEF. Y dentro de esta unidad hay unos 300 agentes. "No solo no ha aumentado la plantilla de la UDEF, sino que ha disminuido. Se ha ido gente en los dos últimos años y no se ha repuesto al nivel que debería", señalan fuentes policiales.

"Es un trabajo muy técnico y complejo. Que necesita especialistas cualificados. No todo el mundo vale", explican las mismas fuentes. Los casos provinciales, los que no dependen de la Audiencia y son menos complejos, se derivan a unidades judiciales de otras comisarías. Hay casos laboriosos que duran años, como la Gürtel, y complejos que por ejemplo requieren que se pinchen más de 1.000 teléfonos, como el 'caso Campeón'.

Por su parte, la Guardia Civil, presente en localidades más pequeñas, suele llevar casos de corrupción municipales. Dentro de la Unidad Central Operativa (UCO) existen un departamento de delincuencia económica con un grupo de delitos urbanísticos. También hay otra unidad adscrita a la Fiscalía Anticorrupción. Igual que pasa con la Policía, en las comandancias hay agentes dedicados a la corrupción en las unidades de policía judicial. En total,unos 700 guardias.

Interior solo ha facilitado los datos de investigados y detenidos por corrupción en el ámbito de la Policía, que lleva los casos más importantes y mediáticos. El balance arroja un cifra de 1.110 investigados, de los que 311 fueron arrestados. El 70% son españoles.

El ministro aprovechó su intervención para destacar que la UDEF ha acreditado sobradamente su "competencia" e "independencia". Merece "todo el apoyo y respeto por su capacitación y competencia profesional". Fernández Díaz defendió su trabajo de los que quieren "acusarla de manipulación o de estar al servicio de unos u otros intereses".

El SUP critica la poca memoria del ministro y recuerda la limpia que hizo el nuevo director de la Policía cuando llegó al cargo. En solo dos semanas destituyó a todos los comisarios generales y al director adjunto operativo (el número dos de la Policía), este gravemente enfermo.

Uno de los destituidos fue Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial, de quien dependía la UDEF. Fue el responsable policial que ordenó las investigaciones por corrupción que más han dañado al PP, como la Gürtel y el Palma Arena. Lo sustituyo el comisario Enrique Rodríguez Ulla, que también fue destituido por ordenar que se investigara el ático de lujo en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. También fue destituido el comisario de Marbella.