La Fiscalía Anticorrupción recurrirá esta semana la decisión del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de investigar la supuesta contabilidad B del Partido Popular, según fuentes del Ministerio Público.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dictó un auto el lunes por el que admitió a trámite la querella presentada por Izquierda Unida y llamó a declarar entre el 25 y el 27 de marzo a los extesoreros 'populares' Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y a diez empresarios que aparecían en los papeles de Bárcenas como supuestos donantes del PP.

Gómez Bermúdez se declaró competente para asumir la investigación y aludió a que la Fiscalía solo se había pronunciado sobre una inhibición en favor del juez Ruz, pero no sobre la competencia del asunto. La Fiscalía baraja dos posibilidades: presentar un recurso de reforma, que sería resuelto en primera instancia por el propio juez Gómez Bermúdez, o interponerlo directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, abrió una pieza separada de esta causa después de que la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía encontrara tres nexos entre la trama de corrupción y los denominados 'papeles de Bárcenas'.

Gómez Bermúdez investigará a todas las personas contra las que se dirigía la acción penal presentada por IU a excepción del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo, al considerar que resultaría "prematuro" darles la condición de imputados y "sólo distorsionaría la instrucción, sin perjuicio, claro está, de lo que resulte del curso de ésta".

Los imputados por Gómez Bermúdez son el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; y Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros.

También llamará a declarar con esta condición procesal a Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica, que habría pagado entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, supuesto donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Fomento de Construcciones y Contratas, que habría pagado al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que habría donado al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros; y el presunto número dos de la 'trama Gürtel', Pablo Crespo.

A todos ellos los querellantes les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.