El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha afirmado que la ley de la cadena alimentaria entrará en vigor en primavera, tras concluir la fase parlamentaria, y ha confiado en que esta norma no repercuta en los precios.

"Cuando las cadenas se racionalizan, los precios son los que tienen que ser y no se puede banalizar los productos", ha señalado el titular de Agricultura en su intervención en los Desayunos de Europa Press, donde ha confiado en que, tras la puesta en marcha de esta normativa, las empresas de distribución compitan "lealmente" sin utilizar 'productos reclamo' y se pague el coste de producción.

"Me parece bien que haya competencia en precios siempre que no se banalicen los productos", ha afirmado el ministro.

Asimismo, Arias Cañete ha asegurado que dicha normativa "no va contra nadie", en alusión a las 'marcas blancas', y "busca un equilibrio", con la defensa a los industriales que tienen su propia marca para que sigan innovando.

"Si no les protegemos estamos haciendo un flaco servicio. La ley no va en contra de nadie, sino que busca un equilibrio en la cadena", ha señalado el ministro, quien ha recalcado que es una norma que tiene en cuenta el funcionamiento de la cadena en su conjunto.

Multas para infractores

Asimismo, ha recordado que la normativa contempla multas de entre 3.000 euros y un millón de euros a cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución, que cometan prácticas abusivas en el sector alimentario.

Según señaló, dichas sanciones, que serán interpuestas desde el director general de Alimentación hasta el Consejo de Ministros, en función de la cuantía, "sólo puede preocupar a los infractores".

"En función de la cuantía acabará en el Consejo de Ministros, pero las multas sólo les preocupan a los que infringen la normativa", ha señalado el ministro de Agricultura.

Dicha norma, según ha recordado, está dirigida a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria mediante la obligación de formalizar por escrito los contratos y la prohibición de determinadas prácticas comerciales, como las modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos comerciales no previstos.

"Pretendemos con ello mejorar el equilibrio y la transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en un marco de competencia que redunde, también, en beneficio de los consumidores", ha indicado.

Con las medidas recogidas en la norma, pioneras en la Unión Europea, Arias Cañete ha afirmado que su departamento tiene la confianza de contribuir a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, garantizando la integridad del conjunto del sistema agroalimentario y mejorando sensiblemente la consideración económica y social de la actividad.