Este martes ha comenzado el juicio contra el extorero y ganadero José Ortega Cano, que se enfrenta a una petición del fiscal de cuatro años de cárcel por un accidente de tráfico en el que se vio involucrado y que se saldó con el fallecimiento de Carlos Parra, un vecino de Castilblanco de los Arroyos.

En el proceso, que comenzó esta mañana a las 9.45 horas, con siete minutos de retraso respecto a la hora prevista, tiene lugar en el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla, y se decidirá si es culpable del cargo por homicidio imprudente, además de otros dos delitos contra la seguridad vial (conducción temeraria y circular bajo los efectos del alcohol), que se le imputan.

El exdiestro, que ha llegado acompañado por su hermano Paco y su cuñado Aniceto, entró en la sala vestido con un traje oscuro y con el rostro serio. Tras una breve declaración se ha declarado "no responsable" de los delitos que le imputan. Poco después llegaban la viuda y los hijos de la víctima.

Al ser interrogado sobre la noche del accidente, el 28 de mayo de 2011, Ortega Cano ha relatado que salió con su hija, Gloria Camila, sobre las 19.30 horas  y llegó a Villaverde (Sevilla) sobre 20.30, donde permaneció unos minutos en casa de una amiga de su hija.

En torno a las 21.45 h se dirigió a la localidad de Burguillos (Sevilla), donde llegó a las 22.05 h, explicó el exdiestro. Allí "había quedado en reunirse con un señor",  contó. Afirma que no bebió: "No tomé nada de alcohol y es la pura verdad". En este punto especificó que no bebió ninguna copa cuando llegó a Burguillos y que solo se mojó los labios en un refresco que le ofrecieron.

Además, ha dicho que recuerda que adelantó a un vehículo, pero no que adelantara a otro en un paso de peatones por el que le ha preguntado el fiscal. "Iba respetando las normas de tráfico", ha respondido.

"Tengo memorizado todo lo que ocurrió hasta antes del accidente y no hubo carreras", ha dicho. "Algo me tuvo que dar, si hubiese tenido todos mis sentidos me hubiese tirado por un barranco antes que chocarme con un coche". Asegura que "no tiene memoria alguna" de momentos antes del impacto.

En cuanto a su estilo de vida, el ganadero ha insistido en que "solo toma Coca-Cola y Aquarius", y que a sus visitas solo les ofrece refrescos y 'rebujito', "pero muy rebajado". "No soy un hombre de bares. Me gusta la vida sana y el deporte", ha afirmado.

Ortega Cano se ha quejado de que, por ser un personaje público, ha sufrido una "injusticia".

La vista, que se celebrará los días 12, 13, 14, 15 y 19 del presente mes de marzo, comenzó con la petición de nulidad de la prueba de alcoholemia, que cursó el letrado Enrique Trebolle como abogado defensor del torero, alegando que el hospital rompió la "cadena de custodia" al ser prioritario salvar la vida de Ortega Cano.

Dichas pruebas arrojaron 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, casi el triple de lo permitido. El fiscal se ha opuesto a dicha petición de nulidad, y ha afirmado que según Tráfico, es obligatorio realizar la prueba en cualquier accidente, y que por tanto no se vulneró ningún derecho fundamental al realizarle el análisis. Además, señaló que no es necesaria una resolución judicial para realizar una prueba de alcoholemia, y que en el caso de Ortega Cano existía. "No se ha pedido todo el historial, sino una prueba centrada en alcohol y tóxicos. No hay indefensión", ha dicho el fiscal.

La aseguradora Mutua Madrileña apoya la postura de la fiscalía y ha declarado que no comparte la petición de considerar nula la prueba de alcoholemia realizada al extorero porque no se han aportado pruebas de que se hayan vulnerado los derechos de Ortega Cano.

La petición de considerar nula la prueba de alcoholemia se resolverá en la sentencia.

La fiscalía ha sostenido que Ortega Cano no se encontraba "en condiciones apropiadas para conducir", debido a la "previa ingestión excesiva de bebidas alcohólicas que le mermaban los reflejos", lo que le hacía conducir de manera "irregular, realizando maniobras arriesgadas para él mismo y los demás usuarios", por lo que pide cuatro años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años.

Además de las cuestiones previas y de la declaración del procesado, en la jornada de este martes también ha comparecido la viuda de la víctima, Manuela Gurruchaga, que ha contado que ella y sus hijos necesitaron ayuda tras la muerte de su marido, Carlos Parra. El hermano del difunto, Manuel Parra, declaró que Carlos iba a conocer los términos de un nuevo puesto de empleo que había conseguido el día del accidente.

En la vista oral, comparecerán, además del acusado, alrededor de 30 personas, entre testigos, guardias civiles y peritos.

El miércoles declarará el director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen Macarena, quien certificará que la muestra de sangre de Ortega Cano quedó depositada en el Banco de Hematología "conforme al protocolo habitual".

El abogado de Ortega Cano, Enrique Trebolle ha citado este jueves como testigos a varias personas que confirmarán que estuvieron con el acusado en Villaverde y en un hotel de Burguillos (Sevilla) y que no le vieron beber.

Ese mismo día comparecerán algunos miembros del personal de emergencias, como un bombero que acudió al lugar del accidente, el conductor de la ambulancia, el médico del Centro de Salud de Castilblanco y los médicos de urgencias que primero le atendieron en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

Junto a los cuatro años de cárcel por un delito de homicidio imprudente en concurso con delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria y conducir bajo los efectos del alcohol, la fiscalía pide que Ortega Cano indemnice a la viuda del fallecido en 119.731 euros, a cada uno de sus dos hijos en 19.955 euros y a su madre en 9.977 euros.

La acusación particular eleva la indemnización por encima del máximo legal porque reclama el lucro cesante por los sueldos que dejó de percibir el fallecido Carlos Parra, que era pintor de profesión aunque llevaba dos años en paro.

La juez sustituta Sagrario Romero ha celebrado el juicio pese a la petición de suspensión planteada por uno de los abogados que ejercen la acusación particular en nombre de la familia, Andrés Avelino Romero, quien había realizado tal solicitud al encontrarse de baja aquejado de varicela.

No obstante, la juez rechazó esta petición de suspensión al entender que, en caso de que el letrado no se recupere y no pueda asistir a la vista oral, su hermano Luis Romero podrá representar a la familia de la víctima al estar también personado para defender sus intereses.

La juez sustituta Sagrario Romero relevó a finales de febrero en el Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla a Trinidad Vergara después de que ésta solicitara su traslado al Juzgado de Primera Instancia número 10. Las fuentes consultadas han destacado que se trata de una de las jueces sustituta de la provincia de Sevilla "con más experiencia".

La sesión se retomará este miércoles a las 10.00 h.

El martes 19 de marzo se abordará la reconstrucción del accidente. Este sucedió poco después de las 22.00 horas del 28 de mayo de 2011, cuando el torero había dejado a su hija en Villaverde del Río (Sevilla) y se dirigía a su finca Yerbabuena de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

El lugar fue el kilómetro 28,1 de la carretera A-8002, en un tramo curvo de visibilidad reducida, con señalización horizontal y vertical de prohibido adelantar y con una señal de "curvas peligrosas hacia la derecha", según el fiscal.

Éste también aduce que perdió el control del vehículo, invadió durante 60 metros el carril contrario y colisionó de frente con el Seat Altea que conducía Carlos Parra, de 38 años, que falleció al instante por traumatismo torácico severo y rotura cardíaca.

Indica el fiscal que el torero circulaba a 125 kilómetros por hora en un tramo limitado a 90, y el coche contrario a 51.

Ortega Cano sufrió numerosas fracturas y heridas que le provocaron un shock hipovolémico. Quedó atrapado en su vehículo, del que fue excarcelado casi dos horas más tarde, tras lo que fue ingresado en el Hospital Virgen Macarena a las 1,00 horas del 29 de mayo. Debido al estado en el que se encontraba y siendo prioritario atender a su grave situación física, los agentes de la Guardia Civil no realizaron al acusado la prueba de alcoholemia reglamentaria.

No obstante, y una vez fue ingresado, se le realizaron dos extracciones de sangre "con finalidad terapéutica", tras lo que el juez instructor ordenó la remisión de muestra suficiente de la extracción al Instituto Nacional de Toxicología al objeto de analizar la presencia de alcohol o cualquier otro tóxico, detectándose finalmente 1,26 de gramos de alcohol por litro en la sangre del acusado.