El PPdeG abre expediente disciplinario al alcalde de Baltar (Ourense), que será juzgado por supuestas coacciones

El PP gallego ha decidido abrir expediente disciplinario al alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijóo, que será juzgado por delitos de supuestas coacciones y amenazas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación, que han explicado también que fue la dirección provincial la que comunicó formalmente a la cúpula autonómica de la situación judicial del regidor.

El PP gallego ha decidido abrir expediente disciplinario al alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijóo, que será juzgado por delitos de supuestas coacciones y amenazas, según han confirmado a Europa Press fuentes de la formación, que han explicado también que fue la dirección provincial la que comunicó formalmente a la cúpula autonómica de la situación judicial del regidor.

Los populares gallegos dan este paso, de acuerdo con lo que recogen sus Estatutos, tras comparecer el pasado viernes el alcalde, quien ha anunciado su intención de no dimitir pese a que tendrá que someterse a un juicio.

Así las cosas y conforme su normativa interna, el PPdeG ha comunicado su situación al comité de derechos y garantías y ha procedido a abrir los trámites para un expediente disciplinario que tiene dos posibles vías de resolución: el archivo, en el caso de que la causa sea sobreseída, o la expulsión de la formación, si finalmente hay condena.

El juzgado de Xinzo de Limia notificó un escrito de diligencias previas en el que decreta la apertura de juicio oral en el juzgado Penal de Ourense contra José Antonio Feijóo como autor de cuatro delitos de coacciones, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. La Fiscalía pide la imposición al acusado de una multa de 10.800 euros y el pago de las costas judiciales, en su escrito de acusación.

La acusación particular ejercida por el abogado de los cuatro denunciantes considera que el acusado es autor de cuatro delitos de amenazas, otros cuatro de coacciones y uno de malversación de fondos públicos, por utilizar un vehículo municipal y su combustible en la persecución de tres integrantes de la lista socialista del municipio de Baltar, para ejercer sus coacciones y amenazas.

La pena pedida por las acusaciones particulares es prisión de un año y 6 meses por cada delito de coacciones, prisión de cuatro años y seis meses por cada delito de amenazas, suspensión de empleo o cargo público durante 3 años y multa de 27.000 euros.

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