El alcalde de Baltar (Ourense) pide la suspensión temporal de militancia en el PPdeG "para no dañar a la organización"

El alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijóo, que será juzgado por supuestos delitos de coacciones y amenazas, ha solicitado en la tarde de este lunes la suspensión temporal de militancia en el PPdeG "para no dañar a la organización".

El alcalde de Baltar (Ourense), José Antonio Feijóo, que será juzgado por supuestos delitos de coacciones y amenazas, ha solicitado en la tarde de este lunes la suspensión temporal de militancia en el PPdeG "para no dañar a la organización".

La dirección provincial ha ratificado en un comunicado que el registro del escrito se produjo este mismo lunes, en la misma jornada en la que el PPdeG anunció la apertura de un expediente disciplinario al regidor, que el pasado viernes aseguró que no dimitiría de ningún cargo público.

Tras la petición de suspensión temporal de militancia, el PP de Ourense ha agradecido la decisión ha apelado al "máximo respeto" a la presunción de inocencia.

El juzgado de Xinzo de Limia notificó un escrito de diligencias previas en el que decreta la apertura de juicio oral en el juzgado Penal de Ourense contra José Antonio Feijóo como autor de cuatro delitos de coacciones, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal. La Fiscalía pide la imposición al acusado de una multa de 10.800 euros y el pago de las costas judiciales, en su escrito de acusación.

La acusación particular ejercida por el abogado de los cuatro denunciantes considera que el acusado es autor de cuatro delitos de amenazas, otros cuatro de coacciones y uno de malversación de fondos públicos, por utilizar un vehículo municipal y su combustible en la persecución de tres integrantes de la lista socialista del municipio de Baltar, para ejercer sus coacciones y amenazas.

La pena pedida por las acusaciones particulares es prisión de un año y 6 meses por cada delito de coacciones, prisión de cuatro años y seis meses por cada delito de amenazas, suspensión de empleo o cargo público durante 3 años y multa de 27.000 euros.

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