La Audiencia Nacional se ha declarado competente para comenzar a investigar sendos presuntos delitos de administración fraudulenta, falseamiento contable, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida relacionados con la fusión y posterior salida a Bolsa de Banca Cívica. El juez Eloy Velasco ha publicado por ello un auto en el que anuncia que comenzará a instruir el proceso surgido a raíz de dos querellas presentadas por la asociación de consumidores Kontuz y la formación política UPyD en Navarra.

El magistrado, que también ha solicitado al Banco de España la designación inmediata de dos peritos independientes para evaluar si hubo efectivamente alguna actividad fraudulenta, instó además a que se comience a investigar un posible delito de prevaricación por omisión ante una presunta falta de supervisión en una de las entidades que formaron Banca Cívica: Caja Navarra. El juez, ante las acusaciones que denuncia que se podrían haber dejado de efectuar entre 2.000 y 2.012 inspecciones en la CAN, considera que es un hecho "perfectamente singularizable" y que es competencia de los juzgados navarros.

Tal como han informado a este diario fuentes jurídicas presentes en el proceso, el 'caso Banca Cívica' alberga ciertas similitudes con el juicio a BFA-Bankia, que actualmente instruye el juez Fernando Andreu. Ambas entidades resultaron de la fusión de distintas cajas de ahorros cuando la prioridad del Banco de España era fomentar los SIP (Sistemas Institucionales de Protección) y crear entidades cuanto más grandes mejor. Además, ambas salieron a Bolsa en días consecutivos (20 y 21 de julio de 2011) y ambas supusieron pérdidas millonarias para sus accionistas tras el afloramiento de pérdidas no reconocidas.

El descalabro patrimonial de BFA-Bankia culminó en un rescate total por parte del FROB y Bruselas de más de 23.000 millones; en el 'caso de Banca Cívica' (fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol) tras una inyección pública de 977 millones de euros, la entidad fue adquirida por Caixabank tras infringir fuertes pérdidas (de alrededor del 43%) a sus 26.000 pequeños inversores anteriores.

Con estos antecedentes, los consumidores representados por la asociación Kontuz denunciaron ante la justicia navarra al expresidente de la Comunidad Foral, Miguel Sanz, y al exdirector de Caja Navarra, Enrique Goñi, por diversos delitos societarios y de prevariación. A esta querella le siguió la presenta por UPyD a imagen y semejanza de la interpuesta en el caso Bankia, en la que denuncian presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación de cuentas y administración desleal, entre otros, a Caixabank y 15 exconsejeros de Banca Cívica, incluido el expresidente Antonio Pulido.

La acusación del caso Banca Cívica documenta, entre otros delitos, un cobro sistemático e indebido de dietas por parte de la cúpula de Caja Navarra. Así, al parecer la propia presidenta navarra, Yolanda Barcina, recibía cuantiosas remuneraciones por la supuesta asistencia a la Junta de Entidades Fundadoras, una "instancia estrictamente consultiva" y en la que las numerosas reuniones carecían de repercusión, tal como demuestran sus actas.

Además de las dietas, las acusaciones han documentado un posible falseamiento de la contabilidad de la CAN, de forma que se consideraron plusvalías en activos que valían 771 millones en 2007 y pasaron a valorarse en 1.330 millones un año después. Así, el juez Velasco estima un posible "fraude en el proceso de fusión con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia que la real", lo que desencadenó un quebranto patrimonial a los pocos meses de salir a bolsa.

"El valor del banco sería incluso negativo tan solo ocho meses después de salir a bolsa", argumenta la denuncia de UPyD, que concluye que a la vista de los acontecimientos la sociedad no era viable "ya sin rescate, o sin la fusión". En resumen, la acusación estima que decenas de miles de accionistas fueron estafados ante la voluntad de los antiguos gestores del banco, que prefirieron salir a bolsa pese a los enormes riesgos en vez de asumir que Banca Cívica estaba quebrada.