Las asociaciones de armadores, cofradías de pescadores, buceadores del longuerón y empresas de comercialización de la chirla del Golfo de Cádiz, en concreto de los puertos onubenses de Punta Umbría, Isla Cristina y Lepe y del gaditano de Sanlúcar de Barrameda, consideran "una negligencia grave" que la Junta de Andalucía haya cerrado todo el caladero de chirla.
En un comunicado conjunto, las distintas asociaciones recuerdan que la Dirección General de Pesca de la Junta ha comunicado el cierre del caladero debido a la "imposibilidad de recogida de datos", es decir, que, conforme el protocolo de actuación, los responsables de los muestreos y recogida de datos han estado "más de 30 días consecutivos sin realizar su trabajo, sabiendo que el resultado de esta negligencia es la paralización de 96 embarcaciones de la modalidad de la draga hidráulica, de 24 buques de la modalidad de rastros remolcados, además de los 26 buceadores del longuerón y de la paralización de la comercialización".
Así, remarcan que este lunes se han quedado paradas "más de 500 personas porque la administración no ha cumplido con sus obligaciones", a la par que han destacado que la repercusión económica de esto ascenderá a "unos 105.000 euros por día de paralización, no sabiendo el alcance de la inactividad".
Además, han reivindicado que "se les indemnice por los daños económicos ocasionados", así como que se pidan responsabilidades y se restituya "a la mayor brevedad posible" la apertura de zonas de producción.
Argumento de la junta
Por su parte, desde la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Huelva han explicado a Europa Press que debido al temporal de la semana pasada "no se pudieron recoger" las muestras mensuales correspondientes, así como han recordado que nadie salió a faenar por las adversas condiciones meteorológicas y tampoco se pudo realizar muestreos del propio recurso.
Por ello, como medida de prevención y hasta que "no se garanticen todas las medidas sanitarias", han cerrado el caladero puesto que deben llevarse a cabo las pruebas que corroboren que no hay riesgo alguno.
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